Los diputados Sofía Cid, Andrés Celis y Miguel Mellado, de Renovación Nacional (RN), acudieron a Fiscalía para presentar una denuncia de un eventual tráfico de influencias tras la renuncia de la ahora exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo.

Según informó La Tercera, en la acusación los legisladores indican que Hidalgo “habría sido eventualmente objeto de presiones e influencias indebidas” de parte de la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, para aprobar proyectos, por lo cual solicitaron que ambas acudan a declarar.

También exigen que se le tome declaración al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, “respecto a si habría tenido conocimiento de eventuales presiones e influencias recibidas por la exseremi y los motivos que justifican su destitución del cargo”.

Además, los legisladores solicitan que se pronuncie la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que informe “si es verídico que habría instruido votar favorablemente el proyecto de saneamiento de aguas servidas de Quilicura”.

Junto a ello, piden que se instruya al Servicio de Evaluación Ambiental a que entregue documentación sobre la participación de Hidalgo en la Comisión de Calificación Ambiental; que el Servicio de Impuestos Internos informe sobre una eventual vinculación entre las autoridades mencionadas con los titulares de los proyectos; y los correos de Martínez y Perales con Hidalgo.

Después de su renuncia, Hidalgo aseguró en Radio Bío-Bío haber sido “presionada” por el Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo y en los que tenía “algunos cuestionamientos técnicos”. Entre ellos mencionó el Mall Vivo Ñuñoa, obra que ella rechazaba desde que fue concejala de la comuna; el tramo 2 de la autopista Vespucio Norte y una planta de tratamiento de aguas en Quilicura.

En reacción, el ministerio aseguró que la exseremi fue desvinculada de sus funciones por pérdida de confianza, dado que no habría presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle.

Hidalgo se defendió, asegurando que tomó conocimiento de los hechos una semana después de ocurridos, ya que “habrían sucedido en un hostal para familias migrantes que administra directamente el Mideso, bajo la tutela administrativa de la subsecretaria Francisca Perales”.

“No obstante lo anterior, cuando finalmente, pasada una semana de haber sido ellos informados y habiendo tomado conocimiento tardío de esta denuncia, de lo primero que me aseguré fue de constatar que las denuncias habían sido efectuadas, recibiendo respuesta afirmativa”, agregó.

El Partido Republicano anunció estar evaluando presentar una acusación constitucional en contra de Jackson a raíz de los antecedentes.