Sigue la polémica por el juicio que afronta la ANFP con la empresa española Santa Mónica, luego de que esta presentara una demanda en agosto del año pasado por incumplimiento de contrato por los derechos comerciales y de transmisión de amistosos de la Selección Chilena.
Este jueves el presidente del organismo de Quilín, Arturo Salah, debía asistir al 23° Juzgado Civil de Santiago, pero el timonel se excusó de ir y solamente acudieron los abogados de ambas partes, según consignó La Tercera.
Este conflicto podría afectar al acuerdo del ente rector del balompié nacional con Chilevisión, que se adjudicó la licitación por los derechos para transmitir a la “Roja” durante el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022 a cambio de 120 millones.
De acuerdo a Santa Mónica, empresa de marketing deportivo que firmó un contrato en 2011 en la era de Sergio Jadue, el organismo de Quilín no puede negociar los derechos con otra empresa.
“Afecta totalmente, desde el momento en que la ANFP está comercializando derechos que aún son propiedad de Santa Mónica, existiendo un juicio en actual tramitación sobre los mismos, por lo cual quien está comprando los derechos, se está comprando un juicio también”, reconoció el miércoles el abogado de los demandantes, Aníbal Urbano.
Este jueves el presidente del organismo de Quilín, Arturo Salah, debía asistir al 23° Juzgado Civil de Santiago, pero el timonel se excusó de ir y solamente acudieron los abogados de ambas partes, según consignó La Tercera.
Este conflicto podría afectar al acuerdo del ente rector del balompié nacional con Chilevisión, que se adjudicó la licitación por los derechos para transmitir a la “Roja” durante el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022 a cambio de 120 millones.
De acuerdo a Santa Mónica, empresa de marketing deportivo que firmó un contrato en 2011 en la era de Sergio Jadue, el organismo de Quilín no puede negociar los derechos con otra empresa.
“Afecta totalmente, desde el momento en que la ANFP está comercializando derechos que aún son propiedad de Santa Mónica, existiendo un juicio en actual tramitación sobre los mismos, por lo cual quien está comprando los derechos, se está comprando un juicio también”, reconoció el miércoles el abogado de los demandantes, Aníbal Urbano.
