Luego de seis años de tramitación legislativa en el Congreso, el proyecto que declara a internet como un servicio público está a una votación de convertirse en ley, luego que el Senado aprobara por unanimidad las modificaciones consensuadas en comisión mixta.

Según destaca este jueves El Mercurio, ahora es el turno de la Cámara de Diputados, luego de lo cual el nuevo texto legal quedará en condiciones de ser promulgado por el Presidente de la República.

“Desde que asumimos la tarea de liderar la Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones), hemos empujado este proyecto que busca hacer de la conectividad digital un derecho básico para todas las personas”, comentó el subsecretario del ramo, Claudio Araya.

El matutino señala que esta ley permitirá que el Estado subsidie el servicio de internet a personas que teniendo factibilidad técnica no pueden pagar por él, tal como lo hace actualmente con el agua, por ejemplo.

De acuerdo a lo que infirmó el subsecretario Araya, se privilegiarán conexiones funcionales, lo que implica habilitar conexiones que permitan a las personas trabajar, estudiar o hacer trámites desde su hogar mediante un servicio con velocidad y estabilidad suficiente para realizar estas tareas. La ley considera conexiones fijas a internet, o móviles de calidad superior a 4G.

Según la ley, las empresas no podrán excusarse de brindar el servicio por motivos de disponibilidad, lista de espera u otro motivo en su área de cobertura previamente definida, con la obligación adicional de entregar una solución en un plazo máximo de seis meses. El plazo se amplía a 12 meses si no existe infraestructura instalada.

Además, la Subtel podrá ejercer mayor fiscalización sobre la calidad del servicio y el estado de las redes mediante un monitoreo permanente, algo que no ocurre hoy, sino que ocurre cuando la empresa notifica a la repartición pública de alguna incidencia o los usuarios reclaman.

Entre otros aspectos, la norma permite el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en bienes nacionales de uso público, lo que permitirá llegar a zonas donde hasta ahora no hay servicio de internet.

También obliga a la autoridad a diseñar un Plan Nacional Digital que integre políticas de conectividad, inversión, ciberseguridad, calidad del servicio, accesibilidad y universalidad, entre otras materias.

Fernando Sánchez, gerente general de la fundación País Digital, opinó que la conectividad es el primer paso, pero se necesita que este plan “sea empujado por todos los actores públicos y privados, ya que va a tener un impacto en la economía y el desarrollo productivo del país”, lo que le permitirá a Chile seguir como líderes en la región en esta área.

Desde la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnologías de Información (ACTI) destacaron la posibilidad de que las personas se puedan organizar para llevar internet a zonas donde hasta hoy no llega, en algo similar a los comités de agua potable rural.

“Con este proyecto el país está reconociendo que a conectividad a internet es una necesidad fundamental para los habitantes”, porque no solo lo declara un servicio público, sino que “impulsa políticas para ampliar la disponibilidad de las conexiones”.

Por su parte el senador Keneth Pugh, afirmó que esta ley tiene una importancia estratégica para el país, pues “es una ley pionera en la región” que permite definir al país “como una gran potencia digital”.

“Ahora Chile debe pasar de un liderazgo de conectividad a un liderazgo de conectividad a un liderazgo en el uso, capacidades y habilidades en esta era digital. El liderazgo actual no está garantizado a futuro, tenemos que seguir como país dándoles valor”, afirmó por su parte el gerente de País Digital, Fernando Sánchez.