La sala del Senado aprobó este martes un proyecto de acuerdo con el fin de solicitar al Presidente Sebastián Piñera suspender o, en su defecto, declarar desierta la licitación ejecutada por Corfo y que destinó US$193 millones a un consorcio de universidades estadounidenses, con el fin de implementar el Instituto de Tecnologías Limpias.

La medida fue aprobada por 24 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, recibiendo votos principalmente de la oposición, pero también del oficialismo, basados en “presuntas omisiones de etapas esenciales del proceso de evaluación de las propuestas recibidas” en la licitación.

En la misma línea, 25 senadores enviaron una misiva dirigida al Mandatario en que también le piden “instruir una completa investigación administrativa destinada a determinar la existencia de irregularidades y eventuales responsables”.

Los principales argumentos de ambos documentos apuntan a que se trata de “dineros públicos” pues provienen de un contrato de arriendo entre Corfo y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama, por lo que debió “someterse a la Contraloría General de la República (CGR)” lo que implicaría “un vicio de origen”.

Asimismo, y en la línea de lo que habían señalado diversos legisladores opositores, el órgano estatal habría creado una segunda comisión evaluadora, que no estaba contemplada en las bases, y que esta revirtió la decisión de la primera comisión otorgándole mayor puntaje al consorcio extranjero por sobre las universidades chilenas.

Por tal motivo, a juicio del senador Guido Girardi (PPD), uno de los principales detractores del proceso licitatorio, “se construyó una arquitectura de situaciones irregulares para cambiar las bases y favorecer a empresas americanas, que ni siquiera son las universidades que dicen que son”.

En ese sentido, Girardi manifestó que “el proyecto es tan importante como fue la creación de la Corfo porque es la posibilidad de generar una institución que pueda con capacidades propias impulsar el futuro de Chile”.

“Chile no tiene capacidades propias y a través de un proceso irregular y viciado -por lo que pedimos su nulidad- se le da la espalda a las universidades chilenas de las cuales depende el futuro de este país (…) porque producen el 90% de la investigación científica que se hace en Chile y han formado a la mayoría de los profesionales chilenos”, sentenció.

Por su parte, el senador Álvaro Elizalde (PS) destacó que “hubo senadores de Gobierno que tienen nuestra misma postura y votaron a favor del proyecto de acuerdo, porque no están dispuestos a tolerar decisiones tan escandalosas como está. Así que esperamos que el Presidente de la República adopte las medidas necesarias para revertir esta decisión”.

En el mismo sentido, la parlamentaria Yasna Provoste (DC) argumentó que el haber escogido a un consorcio extranjero en lugar de universidades chilenas, le hace mal a la estrategia de desarrollo científico, tecnológico e innovador del país.

“Por eso le pedimos al Presidente de la República que defina a que modelo de desarrollo aspira: uno que le entrega nuestras riquezas al extranjero o que apueste por las capacidades a nivel nacional”, añadió.