Un grupo transversal de senadores, encabezados por el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, firmaron en la noche del miércoles una declaración por la paz social, los derechos humanos y el orden público.
“Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales”, expresó la nota leída por Quintana.
Además de condenar las violaciones a los derechos humanos, los senadores recordaron que “concurrimos a un acuerdo constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente”.
En esa línea, instaron al gobierno a implementar una “agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades en nuestro país”.
Asimismo, expresaron su voluntad de “avanzar resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, la inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.
También hicieron un llamado “al gobierno, al ministerio público y a los tribunales de justicia para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos”.
Finalmente, recalcaron que “el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para restablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respecto de los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas”.
“Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales”, expresó la nota leída por Quintana.
Además de condenar las violaciones a los derechos humanos, los senadores recordaron que “concurrimos a un acuerdo constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente”.
En esa línea, instaron al gobierno a implementar una “agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades en nuestro país”.
Asimismo, expresaron su voluntad de “avanzar resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, la inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.
También hicieron un llamado “al gobierno, al ministerio público y a los tribunales de justicia para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos”.
Finalmente, recalcaron que “el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para restablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respecto de los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas”.
