El Tribunal Constitucional declaró inadmisible este miércoles el requerimiento interpuesto por la defensa del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y que pretendía paralizar la investigación liderada por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

La acción legal en cuestión pide declarar inaplicable el artículo 560 Nº 2 antiguo del Código Orgánico de Tribunales, la norma que ordena designar los ministros en visita, que establece que el tribunal ordenará “especialmente estas visitas en los casos siguientes: 2°) Cuando se tratare de la investigación de hechos o de pesquisar delitos cuyo conocimiento corresponda a la justicia militar y que puedan afectar las relaciones internacionales, o que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias”.

La defensa de Fuente-Alba, quien se encuentra procesado al igual que los otros dos excomandantes en Jefe del Ejército Oscar Izurieta y Humberto Oviedo, reclama que la aplicación de la norma es contraria al debido proceso, toda vez que los hechos deben ser juzgados por la justicia militar, y no por un ministro en visita, como es la magistrada Romy Rutherford.

La magistrada investiga paralelamente más de 30 aristas del caso ‘Milicogate’ referido a la defraudación sistemática de recursos fiscales al interior del Ejército, caso que tiene a tres excomandantes en Jefe de esa rama castrense ya procesados: el propio Fuente-Alba, Óscar Izurieta y Humberto Oviedo.

Fuente-Alba además es investigado por el delito de lavado de activos, causa en la que también es investigada su cónyuge, Ana María Pinochet. Ambos son defendidos por el abogado Miguel Chávez, quien exculpó a su representado argumentando que lo realizado por el exjefe militar “fue sobre la base de lo que se estaba haciendo permanentemente desde mucho antes que él fuera comandante en Jefe”, según declaró a CNN Chile hace un tiempo.