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Tohá y posible Acusación Constitucional: “Nunca había recibido amenazas de autoridades electas democráticamente”

Desde Colchane, donde viajó para entregar nuevas tecnologías para el resguardo fronterizo, la titular del Interior se refirió a la exigencia de los diputados de RN que le dieron de pazo hasta el 31 de diciembre para expulsar a 12 mil inmigrantes ilegales.

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La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la posible Acusación Constitucional que podría interponer en su contra los diputados de Renovación Nacional (RN), quienes le indicaron a la secretaria de Estado que tiene hasta el 31 de diciembre para expulsar a 12 mil inmigrantes ilegales.

Desde Colchane, donde viajó para entregar nuevas tecnologías para el resguardo fronterizo, la secretaria de Estado se refirió al tema.

“Primero diría tres cosas, que nuestro Gobierno está haciendo en materia de control fronterizo y de aseguramiento de que la irregularidad no siga predominando en materia migratoria. Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile, no las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, sostuvo Tohá.

“Me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada, pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez”, agregó.

La ministra también indicó que “efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.

“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, complementó.

Finalmente, dijo que “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión, y también para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”.

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