Este fenómeno incluso es tomando en cuenta por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo define como “el intercambio de bienes y servicios económicos y sociales como si fueran favores, pese a que en teoría, la Constitución y las leyes garantizan a la población el acceso a esos derechos”.
El estudio del CPLT, aplicado a 2.855 personas y 1.327 funcionarios públicos de todo Chile, preguntó a los encuestados si al momento de realizar un trámite era preferible para el ciudadano utilizar los canales formales o hacerlo vía algún contacto, con el fin de obtener un resultado positivo o agilizar su gestión.
Si bien la mayor parte de las personas considera que es mejor seguir los canales formales (63%), un 29%, es decir un tercio de la población, señala que es mejor hacerlo con un contacto, cifra que aumenta a 36% en el caso de los funcionarios.
Asimismo, tanto los ciudadanos como los funcionarios encuestados, reconocen en su mayoría que conseguir un contacto a la hora de hacer un trámite es útil (66% y 64% respectivamente).
“Las prácticas clientelistas, conocidas también como el famoso ‘pituto’, son una costumbre que socavan nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Además, erosionan el principio de igualdad ante la Ley e instalan prácticas sociales que pueden derivar –con la simple adición de elementos como regalos o beneficios– en corrupción”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago.
Recalcó que “tenemos que aspirar a una sociedad sin ciudadanos ‘dispuestos a saltarse la fila’ y a funcionarios públicos dispuestos a no permitir que las personas ‘se la salten’”.
A través de un cruce de información demográfica, la encuesta del CPLT también revela que cerca de un millón y medio de trámites en el sector público se habrían realizado durante el año 2017 saltándose el conducto regular. Y en términos de segmentación socioeconómica, son las mujeres (31% versus 28% de hombres); pertenecientes a niveles socioeconómicos más altos y los jóvenes (34% en el segmento que va de los 18 a los 25 años) quienes más validan las prácticas clientelistas. “Este año se conmemoran diez años de la promulgación de la Ley de Transparencia, una herramienta que empodera a los ciudadanos y facilita el control social, pues permite que cualquier persona pida información pública”, recordó Drago.
“Está demostrado que las experiencias exitosas de acceso a la información pública y que el uso de los canales formales al solicitar información al Estado, disminuyen la predisposición al clientelismo; lo que nos lleva a pensar que la transparencia y el acceso a la información son herramientas poderosas para prevenir la corrupción y eliminar la noción de que ‘el pituto’ es la forma más efectiva de concretar un trámite”, concluyó Drago.