La ministra del Interior, Izkia Siches, realizó este jueves anuncios en materia migratoria en el marco de su visita a la comuna fronteriza de Colchane, en la Región de Tarapacá.

La secretaria de Estado informó que el Gobierno ingresará un proyecto para modificar la actual Ley de Migraciones, con el fin de que se “facilite el proceso de expulsión, simplificando los procesos de notificaciones”.

Además, informó que se ampliará el Decreto 265, el cual permite a las Fuerzas Armadas colaborar en los procedimientos contra el crimen organizado en las fronteras, ya sea ante delitos de tratas de personas, ingresos irregulares y narcotráfico.

La titular del Interior volvió a descartar el Estado de Excepción, aseverando que si bien “todos los instrumentos están abiertos”, se trata de “medidas excepcionales que vulneran las libertades individuales”.

Al empezar su alocución, Siches advirtió que “aquellas personas que pretendan ingresar a nuestro país por pasos irregulares, decirles claramente que eso no está permitido en Chile. Como también, aquellas personas que pasen por los distintos pasos regulares e irregulares, que vengan a delinquir en nuestro país, a hacerles daño a la ciudadanía de nuestra patria, los vamos a perseguir, procesar y expulsar de Chile”.

“Como Gobierno hemos decidido en primer lugar, presentar un proyecto de ley que modifique la ley migratoria aprobada en el Parlamento y facilite el proceso de expulsión, simplificando los procesos de notificaciones”, informó.

Explicó que el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Ojeda, “va a impulsar este proyecto y esperamos un apoyo transversal por parte de los parlamentarios. Hemos implementado esta ley, y nos hemos dado cuenta de la burocracia que hace difícil, tanto la operatividad de la PDI como del aparataje del Estado, que quiere dar señales claras a aquellas personas que quieran ingresar a nuestro país”.

DECRETO 265

Junto a ello, anunció que con el Ministerio de Defensa “vamos a prorrogar el Decreto 265, que fortalece las capacidades y apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, para poder seguir apoyando en apoyo logístico, transporte y tecnología, a los Carabineros y PDI que están cumpliendo su labor en la zona”.

La ministra advirtió que “decretos como estos requieren un abordaje más permanente. Lo que hemos vivido en relación a la situación migratoria no es solo episódico, sino que es probable que se repita en el futuro. Por ello, nuestro país tiene que caminar hacia un cuerpo especializado que, más allá de estos decretos, defina expertise y capacidades para proteger nuestras fronteras de forma permanente. Esperamos así, empezar una conversación en estas materias”.

Además, resaltó que “estos anuncios se suman al trabajo que venimos desarrollando en torno a la delincuencia y crimen organizado. Hemos anunciado los 12 mil millones de nuestro plan para fortalecer las capacidades investigativas de Aduanas, y de fiscalización que existen en nuestro país”.

Siches detalló que “para la Región de Tarapacá contamos con 5.500 millones de pesos, que se van a entregar para labores investigativas y fiscalizadoras, tanto de Aduanas como de las policías, que contemplan un escáner pórtico por 3.790 millones de pesos, tres vehículos, cuatro equipos de extracción de datos, y cinco equipos rayos X para poder fiscalizar”.

“Obviamente, tenemos un déficit en infraestructura que tenemos que ir resolviendo. Pero esta inversión de 5.500 millones regionales, da cuenta de la voluntad de nuestro Gobierno de hacernos cargo de este desafío”, complementó.

En el caso particular de Colchane, Siches informó haberse reunido con el alcalde Javier García, quien le “manifestó distintas solicitudes, en torno a requerimientos sanitarios, viales, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional”.

“He venido con el oficio de distintos ministerios para que se materialicen las ayudas. Muchas de ellas no son inmediatas, pero hay recursos que ya están disponibles para también contener a las comunidades de acogida, particularmente de pueblos indígenas como el aymara, que está en esta zona y ha sido golpeado y vulnerado en torno al fenómeno migratorio”, explayó.

En materia de seguridad, la jefa de gabinete proyectó que “en el presupuesto 2023, esperamos tomar algunas iniciativas que nos permitan disponer en los territorios de más personal de Carabineros, lo que es tan valorado por la ciudadanía. En torno a ello, creemos que la discusión en torno al manejo fronterizo, por ejemplo con el fortalecimiento de un cuerpo especializado, darle mayores atribuciones y roles a las Fuerzas Armadas, puede ser también una oportunidad de liberar algunas de estas funciones a quienes se desempeñan en al zona”.

Remarcó que “a veces estos compromisos se demoran en llegar, pero se han ido materializando, están iniciando los procesos de distribución presupuestaria, y esperamos obviamente que el apoyo a las distintas regiones, especialmente al norte, se materialice en el más breve plazo”.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Consultada sobre la bancada transversal de diputados que pidieron un nuevo Estado de Excepción en la Macrozona Norte, la ministra indicó que “todos los instrumentos están abiertos. Entendemos que son medidas excepcionales que vulneran las libertades individuales, hemos sopesado cuales son los objetivos y creemos que tenemos los mismos con los señores parlamentarios”.

“Tenemos que ver si los instrumentos son los más idóneos. Y en torno por lo menos a fronteras, tenemos una decisión clara, y vamos a fortalecer el control fronterizo. Dentro de las comunidades, tenemos que ir buscando alternativas que nos permitan enfrentar la delincuencia con mayor claridad”, sentenció.

Finalmente, se refirió a los campamentos de migrantes en la calle y reconoció que “no todas las reconducciones son efectivas, tanto por nacionalidades como por problemas que estamos teniendo con algunos países fronterizos, que esperamos podamos resolver. Es parte del trabajo que nuestra canciller está realizando, también con todos los países de Latinoamérica, porque entendemos que este es un fenómeno global. Cuando eso no ocurre, nos interesa que no existan asentamientos humanos dentro de las comunidades de acogida en nuestras propias ciudades”.

“Por ello, el rol de estos campamentos, pretende tener un espacio que cumpla con las condiciones humanitarias requeridas. Y que en este caso, tanto en Lobito (Iquique) como en otros campamentos, esperamos puedan estar fuera de las comunidades para no producir ese impacto, pero también trabajar para cumplir con las condiciones humanitarias. Porque Chile tiene un compromiso: claridad frente al crimen, frente a la migración ilegal, pero también claridad frente a los Derechos Humanos, no los vamos a vulnerar”, cerró.