“No sé cuáles son los fines, pero acá claramente se está tratando de usar una herramienta jurídica, constitucional, para sancionar una discrepancia de opinión política”, sentenció el abogado Francisco Cox, en relación a la acusación constitucional que enfrenta la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

El profesional, reconocido por experiencia y victorias en importantes litigios nacionales e internacionales, se hará cargo de la defensa de la secretaria de Estado y en entrevista con La Tercera, dio sus impresiones acerca del asidero del libelo presentado la semana pasada por diputados de oposición que buscan destituirla.

“Ellos tienen las atribuciones para usar la acusación constitucional, pero cuando se extralimitan en esas funciones, están infringiendo la propia Constitución y el sentido de la acusación constitucional”, precisó el jurista respecto del mecanismo que es una institución en si mismo y que finalmente puede verse destruido por un uso ajeno para el que fue concebido.

“Me parece que las instituciones se tienen que cuidar y que la acusación constitucional tiene que ser la herramienta última, la más extrema. La sanción tiene que ser proporcional, porque acá la sanción puede ser la destitución”, subrayó Cox.

Por ello, enfatizó quien representó a la jueza Karen Atala en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno, “cuando tú destituyes a alguien de su cargo es la sanción más extrema. Y por lo tanto, la infracción que se le atribuye a esa sanción, tiene que ser de una significación tal que amerite esa sanción. De lo contrario, se triavializa” como ocurre en este caso en que la acusación “carece de fundamentos”.

De allí que en caso de haber sólo una motivación política en la presentación Cox recalcó que “el lugar donde se resuelve o derrota esa discrepancia es en las elecciones y en las votaciones en el Congreso, no a través de una acusación constitucional”.

Consultado por los libelos que terminaron con las destituciones de los entonces ministros de Educación, Yasna Provoste, y Harald Beyer, el experto litigante indicó que “el caso de la señora Provoste no lo seguí de cerca. En el caso de Beyer me parece que sí hubo una utilización política para sancionar a un ministro y a un gobierno”.

Junto con aclarar que no tiene afinidad con la visión política de la ministra ni la del Gobierno de Sebastián Piñera, el jurista sostuvo que “no se dan los presupuestos de infracción a la ley y a la Constitución, ni tampoco la no ejecución de la ley” y que por ello la acusación no debería prosperar.

Finalmente, Francisco Cox reflexionó que antes de utilizar un instrumento como ese “me parece que uno esperaría que, dado que todos los funcionarios públicos están sometidos a la Constitución y a las leyes, ellos también, los parlamentarios, se sometieran a la Constitución y a las leyes y no utilizaran livianamente estas herramientas”.