Sorprendido se mostró Juan Carlos Manríquez, el abogado de Ricardo Martínez Menenteau, ante la renuncia de su representado a la jefatura del Ejército, decisión que comunicó en plena Cuenta Pública institucional poco antes de ser interrogado por la jueza Romy Rutherford.

Según el abogado, todo el revuelo generado en torno a su representado responde, a su juicio, a un clima generalizado de sospecha sobre las instituciones, lo que se ha visto condicionado por el ánimo refundacional propio de todo proceso constituyente.

Según el jurista, la decisión del uniformado se enmarca en su compromiso con la probidad institucional, toda vez que, siendo inocente de los cargos que eventualmente se le imputen, prefirió salvaguardar la imagen de la institución, una prueba más de que Martínez “ha conducido con honor al Ejército”, declaró.

El abogado precisó que la citación a prestar declaración en calidad de imputado significa que “el tribunal lo requiere para que aclare determinados hechos que, de ser efectivos, podrían revestir un carácter ilícito. Entonces tiene al menos una apariencia de hechos que deben ser indagados, pero ser inculpado no significa ser culpado ni condenado”, declaró.

Asimismo, desestimó que Martínez haya usado parte de los recursos asignados en comisión de servicio para su provecho particular. “No hay ningún indicio que diga eso. Respecto de los viajes eventuales con la señora, uno o dos, son en cumplimiento de actos administrativos en misiones oficiales impuestas en distintas calidades dentro tanto del Ejército como de los organismos propios de las Fuerzas Armadas de la representación internacional”, afirmó el abogado de Martínez, quien más bien se dedicó a corregir una interpretación errónea de la norma relativa al uso de esos recursos asignados en comisión de servicio.

“Lo que hace el general Martínez cuando llega y pide informes para poder dilucidar de qué se trata el uso del ‘derecho a pasajes’, que es lo que decía la reglamentación interna, se llega a la conclusión otro informe que la apreciación que se tenía de esa disposición interna era inadecuada y ordena la corrección de todos los procedimientos”, declaró en entrevista con Mega.

“Entonces, como medida correctiva, (dice) ‘todos aquellos que hubieran, de buena fe, optado por este procedimiento y quieran hacer devolución, ahí están las cuentas, háganlo’, y eso en definitiva se convierte en una acto administrativo, una investigación sumarial, y se timan todas las medidas internas del caso”, agregó.

Asimismo, el abogado lamentó el clima de sospecha que pesa sobre la institución en su conjunto, algo que atribuyó al proceso constituyente que, de una u otra manera, tiende a refundar las instituciones de la República. “Probablemente hay hechos que van a hacer condenados. Lo que pasa es que las instituciones están todas bajo cuestionamiento. Estos procesos sirven como una suerte de ingrediente para ablandar a las instituciones para que no se resistan a los cambios”, agregó.

Asimismo se refirió a la actuación de la ministra Rutherford, quien, a su juicio, en ningún caso es “parte de un engranaje del sistema político”, desestimando así su participación en una operación de ese tipo. “Está ejerciendo sus facultades, quizás el minuto no es el más feliz ni el más oportuno”, añadió, en referencia a que la citación a declarar en calidad de imputado fue extendida a pocos días de abandonar la jefatura del Ejército, lo que lo hubiera convertido en el primer comandante en jefe del Ejército en ser procesado en el ejercicio del cargo.