La condena más alta que le podría ser aplicada por la justicia a un político chileno, es la que solicitaron los persecutores Julio Contardo y Ximena Chong para el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Orpis Bouchon.
Dicha presentación realizada este jueves por el fiscal regional del Biobío y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, pide 21 años de presidio efectivo para el ahora ex legislador del gremialismo.
Esta diligencia se enmarca en enmarca en la fase de preparación del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política, en la arista Corpesca que se indaga hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.
Según consigna La Tercera PM, el escrito de más de 900 páginas subraya los cargos de cohecho, para los que los persecutores pidieron 6 años de cárcel; delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y el mayor ilícito, fraude al fisco reiterado para el que solicitaron 12 años.
Ello, con el propósito de obtener financiamiento parcelado de $233 millones para su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma, por lo que en compensación el legislador se comprometió a favorecer los intereses de la firma propiedad del grupo Angelini, desde su puesto en la Cámara Alta en relación a la Ley de Pesca.
Como la causa también involucra a una empresa por el delito de soborno cometido por su un gerente, las conclusiones de la investigación proponen una multa de 20.000 UTM ($946.620.000, como multa fiscal), 5 años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio.
Los fiscales del caso presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, para lograr los 21 años que piden y otras penas accesorias, como que se le inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.
Mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena, 7 años de cárcel, acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.
Dicha presentación realizada este jueves por el fiscal regional del Biobío y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, pide 21 años de presidio efectivo para el ahora ex legislador del gremialismo.
Esta diligencia se enmarca en enmarca en la fase de preparación del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política, en la arista Corpesca que se indaga hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.
Según consigna La Tercera PM, el escrito de más de 900 páginas subraya los cargos de cohecho, para los que los persecutores pidieron 6 años de cárcel; delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y el mayor ilícito, fraude al fisco reiterado para el que solicitaron 12 años.
ARGUMENTOS
La investigación del Ministerio Público reveló que entre los años los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio de su cargo, Orpis solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero.Ello, con el propósito de obtener financiamiento parcelado de $233 millones para su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma, por lo que en compensación el legislador se comprometió a favorecer los intereses de la firma propiedad del grupo Angelini, desde su puesto en la Cámara Alta en relación a la Ley de Pesca.
Como la causa también involucra a una empresa por el delito de soborno cometido por su un gerente, las conclusiones de la investigación proponen una multa de 20.000 UTM ($946.620.000, como multa fiscal), 5 años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio.
Los fiscales del caso presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, para lograr los 21 años que piden y otras penas accesorias, como que se le inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.
SÓLO 7 AÑOS PARA ISASI
Pero no todo queda en Jaime Orpis, la ex diputada de la UDI, Marta Isasi, también comparecerá en el juicio por cohecho y delitos tributarios y por los que la Fiscalía solicitó 7 años de cárcel (4 por el primer delito, 3 y 1 por la infracción ante el SII).Mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena, 7 años de cárcel, acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.
