La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua. En cuanto a ello, la exmandataria señaló que imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante las votaciones de noviembre.

“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante“, expresó.

La expresidenta lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público del país centroamericano hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a las elecciones.

Bachelet remarcó que también se arrestó a otros ochos líderes políticos (entre ellos cinco mujeres) y dos dirigentes gremiales, “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias“. Agregó que las detenciones han estado rodeadas de “graves violaciones de las garantías procesales”.

A su vez, criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo. “No introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”, enfatizó.

La alta comisionada dijo que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la “persecución selectiva” contra defensores de DDHH, periodistas y opositores.

“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos”, añadió.

Por último, Bachelet pidió al Gobierno del presidente Daniel Ortega “cambios urgentes que implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.