Cámara rechaza reforma que ampliaba plazo de detención para expulsiones

Tras no alcanzar el quórum exigido, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto relativo a detenciones para expulsiones administrativas.

La aprobación exigía un mínimo de 89 votos, pero la Sala se pronunció con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

La iniciativa buscaba aumentar el plazo que una persona extranjera, con una orden de expulsión administrativa, pueda permanecer detenida. Esto con el fin de asegurar la ejecución efectiva de dicha medida.

Particularmente, la reforma establecía que el límite general de 48 horas para la detención no fuera aplicable cuando se tratara de la materialización de expulsiones administrativas. En su lugar, señalaba que el plazo máximo de detención no fuera inferior a cinco días ni superior a 30 días corridos.

La norma general indica que, tras un rechazo de un proyecto en su idea de legislar, este no continuará en su tramitación. Y deberá esperar el plazo de un año para volver a presentarse.

Sin embargo, al ser un mensaje, el Presidente José Antonio Kast puede solicitar que la iniciativa pase al Senado, donde se requeriría su aprobación por los dos tercios de dicha Corporación. De contar con dicho respaldo, retornaría a la Cámara. Donde sólo podría volver a desecharse con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

El texto también contemplaba la posibilidad de renovar la medida hasta por tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al decretado originalmente. Esto siempre que resultara estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de la expulsión.

Para esto, las prórrogas debían contar con autorización judicial previa. Sobre la base de una solicitud fundada presentada por la autoridad administrativa. Y de acuerdo con las condiciones que establezca la ley.

Además, la propuesta establecía que, cuando la detención tuviera por objeto permitir la solicitud de detención previa o el inicio de un procedimiento de extradición pasiva, el plazo podía ser de hasta 10 días, equiparándolo a lo que ocurre en el caso de conductas terroristas.

Junto a aquello, consideraba una norma transitoria que establecía que el Presidente de la República debía presentar el proyecto de ley que regule la aplicación de la reforma dentro de los seis meses siguientes a su publicación.