La Municipalidad de Maipú, insistirá ante la Corte de Apelaciones para lograr revocar la suspensión de la causa por los delitos de fraude al fisco y soborno que pesan sobre el ex gerente general de KDM, Fernando Arturo León Steffens, en el marco del denominado caso Basura.
Ello, luego que este viernes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago desestimara la pretensión del municipio por considerar que no estaría facultado para supervisar el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y el ejecutivo, trato que le valió una sanción al fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.
Según los argumentos del gobierno local basados en un informe encargado por la administración de la alcaldía, el imputado habría incumplido una de las condiciones impuestas por el tribunal para poder optar a una salida alternativa.
Particularmente, subraya, porque el directivo debía hacerse cargo de un programa de responsabilidad social dirigido al municipio con un costo total de $ 206.000.000.
Dicha medida, según lo estipulado en el acuerdo, tenía como objetivo promover la conciencia ciudadana ante el reciclaje y apoyar a la municipalidad con información referida al potencial de reciclaje en la comuna entre otros.
Sin embargo, según consta en el documento, a la fecha no se ha recibido ninguna información al respecto, tampoco se ha tenido contacto con León Steffens y en ningún barrio de la comuna se ha llevado a cabo dicho programa.
El diputado por el distrito, Joaquín Lavín, aseveró que “no es posible que se siga adelante con dicho acuerdo, pues en la audiencia de hoy (viernes) no se presentó ningún informe que acredite que se está cumpliendo con el trato“.
“Incluso, existe un informe del departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Maipú en el que se señala claramente que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos para llevar adelante este acuerdo”, afirmó, puntualizando que el imputado “debería enfrentar un juicio oral por soborno y fraude al fisco”.
Fernando León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y soborno y luego de varias tratativas con el Ministerio Público, aceptó el acuerdo ofrecido por la fiscalía para optar a una salida alternativa, lo que le permitiría ser sobreseído definitivamente en un plazo determinado.
Ello, luego que este viernes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago desestimara la pretensión del municipio por considerar que no estaría facultado para supervisar el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y el ejecutivo, trato que le valió una sanción al fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.
Según los argumentos del gobierno local basados en un informe encargado por la administración de la alcaldía, el imputado habría incumplido una de las condiciones impuestas por el tribunal para poder optar a una salida alternativa.
Particularmente, subraya, porque el directivo debía hacerse cargo de un programa de responsabilidad social dirigido al municipio con un costo total de $ 206.000.000.
Dicha medida, según lo estipulado en el acuerdo, tenía como objetivo promover la conciencia ciudadana ante el reciclaje y apoyar a la municipalidad con información referida al potencial de reciclaje en la comuna entre otros.
Sin embargo, según consta en el documento, a la fecha no se ha recibido ninguna información al respecto, tampoco se ha tenido contacto con León Steffens y en ningún barrio de la comuna se ha llevado a cabo dicho programa.
El diputado por el distrito, Joaquín Lavín, aseveró que “no es posible que se siga adelante con dicho acuerdo, pues en la audiencia de hoy (viernes) no se presentó ningún informe que acredite que se está cumpliendo con el trato“.
“Incluso, existe un informe del departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Maipú en el que se señala claramente que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos para llevar adelante este acuerdo”, afirmó, puntualizando que el imputado “debería enfrentar un juicio oral por soborno y fraude al fisco”.
Fernando León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y soborno y luego de varias tratativas con el Ministerio Público, aceptó el acuerdo ofrecido por la fiscalía para optar a una salida alternativa, lo que le permitiría ser sobreseído definitivamente en un plazo determinado.
