Este miércoles, el Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal leyó el veredicto respecto al caso SQM, donde se determinó absolver a los los ocho acusados, incluido el exministro Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exgerente general de la empresa, Patricio Contesse.
Según consignó Emol, la magistrada María Teresa Barrientos, presidenta de la Tercera Sala, indicó en la audiencia que el tribunal, “por mayoría”, concluyó que “en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria”.
“Es necesario aclarar que, aun cuando los acusados no se encuentren en prisión preventiva o sujetos a arresto domiciliario actualmente, (…) tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”, añadió.
En este sentido, apuntó a que “la tramitación de la causa en examen se ha extendido por un lapso excesivo y que inciden tal demora la sobreabundante evidencia ofrecida por el propio ente persecutor y la decisión de agrupar las investigaciones”.
“En este caso se ofrecieron por el persecutor más de 14 mil documentos, sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica en los distintos medios de prueba. Lo anterior reveló un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor al ofrecer rendir la prueba, generándose diversos incidentes por este motivo durante el juicio, con la consecuente demora, en caso alguno atribuirle a las defensas”, añadió.
Además, remarcó que “la extensión temporal de la investigación y el procedimiento en sí mismos hasta la obtención de una sentencia firme y ejecutoriada ha lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados y acusadas, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad personal”.
Los ocho acusados eran Pablo Longueira; Patricio Contesse; Marco Enríquez-Ominami, el ex asesor de este último, Cristián Warner; la exsecretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC, Roberto León; y el exembajador DC, Marcelo Rozas.
La Fiscalía los acusaba por una serie de presuntos delitos, vinculados al financiamiento irregular de la política, cohecho y soborno.
