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Comienza juicio contra general (r) Fuente-Alba y su esposa por corrupción

La Fiscalía Centro Norte está pidiendo 15 años de cárcel en su contra y 10 años para su cónyuge, además del comiso de una parcela ubicada en Las Brisas de Chicureo, tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes. Se estima que el juicio se extenderá al menos por 90 días.

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En el Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago se inició este viernes el juicio contra el excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, por el delito de lavado de activos entre los años 2010 y 2016.

La Fiscalía Centro Norte está pidiendo 15 años de cárcel en su contra y 10 años para su cónyuge, además del comiso de una parcela ubicada en Las Brisas de Chicureo, tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes. Ambos ya se encuentran esta mañana en el Centro de Justicia de la capital.

En el juicio declararán en calidad de testigos altos oficiales del Ejército, también involucrados en el caso de corrupción castrense conocido como “Milicogate”, originado en el uso irregular de los gastos reservados de la institución uniformada.

Entre estos, se encuentra el exdirector de finanzas del Ejército, el general en retiro Jozo Santic, condenado en una de las aristas del caso, y elex jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe, el coronel en retiro Sergio Undurraga, procesado por la ministra en visita Romy Rutherford.

Se estima que el juicio se extenderá al menos por 90 días.
Fuente-Alba y su cónyuge deberán concurrir de manera presencial a las audiencias.

En la acusación, se asegura que ambos, en pleno conocimiento, ocultaron y disimularon el origen ilícito de los bienes que provenían del delito base, y que realizaron inversiones, contratos y gestiones con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico financiero formal.

El fiscal José Morales inició el proceso contra el excomandante en jefe del Ejército, luego de que la ministra en visita Romy Rutherford lo procesara por malversación de caudales públicos por $3.500 millones, que habría destinado para fines personales, como la compra de automóviles de lujo, pagos de créditos no hipotecarios y tarjetas bancarias, entre otros.

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