La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó por mayoría la madrugada de este miércoles el proyecto de Reconstrucción Nacional. Los senadores Ricardo Celis (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) se retiraron de la sesión y anunciaron reserva de constitucionalidad, a lo que se sumó el senador Diego Ibáñez (FA).
Los parlamentarios explicaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que reforman el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y que abordan la restitución de gastos por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental (RCA).
A juicio de los senadores, el articulado en cuestión abre espacio a normas que comprometen el adecuado equilibrio entre el desarrollo de proyectos, la protección del interés público. Y el respeto por las competencias de los tribunales y de los órganos del Estado.
La reserva se fundamenta en una eventual infracción a los artículos de la Constitución, relacionados con el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas. La responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.
Senador Celis: “Mostrando cierta improvisación”
El senador Celis explicó que “cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones. Situaciones, reposiciones, mostrando cierta improvisación”.
“Y como nosotros no estamos dispuestos a un juego supuestamente democrático, nos hemos retirado porque no tenemos la disposición ni la disponibilidad para un ejercicio de esa naturaleza. Antidemocrático, poco transparente, poco claro, y además hicimos reserva de constitucionalidad”, contó.
Por su parte, el senador De Urresti comentó que “lamentamos que la discusión extensa termine con una improvisación. Una más del ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma que dice relación con la devolución de los gastos en caso de revocación de resolución de calificación ambiental. En una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación, ante la incapacidad de lograr acuerdos, de lograr avances y poder convencer”.
En tanto, el senador Ibáñez argumentó que “el ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público. Y estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una resolución de calificación ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución”.
