Hasta Teatinos 78 llegaron distintas autoridades para asistir este jueves a la lectura de la Cuenta Pública 2021 de la Contraloría General de la República.

Entre los asistentes estuvieron autoridades como los ministros de la Segpres, Giorgio Jackson; de Defensa, Maya Fernández; de Hacienda, Mario Marcel; de la Mujer, Antonia Orellana; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, entre otros.

La ceremonia estuvo encabezada por el contralor general, Jorge Bermúdez, quien leyó un documento de 191 páginas sobre la gestión y avances del organismo que encabeza durante el año pasado.

Además, Bermúdez presentó ante las autoridades el gráfico de la OCDE que situó a Chile como el país donde la población tiene menor confianza en su Gobierno, advirtiendo que “la confianza es base para ese sistema que es el mejor que conocemos que es la democracia. El problema es que no estamos muy bien en confianza pública”.

“Estamos muy mal y eso creo que es responsabilidad de todos los que estamos acá y nosotros podemos ayudar”, añadió, según consignó La Tercera.

En esa línea, el contralor pidió ser “coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se compromete y aquello que efectivamente se lleva a cabo. Porque de lo contrario se empieza a producir esa diferencia que abre espacio a la desconfianza, a esa desazón que se produce en las expectativas que se tenía, en este caso, en la actuación del Estado en su conjunto”.

Además, el timonel del organismo fiscalizador apuntó al proyecto de ley que les permitirá acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos, iniciativa que catalogó como “fundamental” Acusó que actualmente “el auditor para poder auditar un servicio público y ver qué hay en la cuenta corriente y cuáles son los giros que se han hecho tiene que pedirle acceso al auditado”.

Antes de la actividad, Bermúdez se reunió con el Presidente Gabriel Boric y luego concedió un punto de prensa, donde se refirió al “deber de prescindencia” que deben mantener las autoridades en el marco del plebiscito de salida de la nueva Constitución.

“El deber del Gobierno es garantizar que el proceso sea transparente, participativo, informado. Pero ambas opciones, en este caso a propósito de un plebiscito de salida de nueva Constitución, son igualmente legítimas y por tanto deben ser informadas por igual, y eso implica un deber de prescindencia. Eso independientemente -porque estamos hablando de políticos- que ellos tengan su propia opción”, indicó.

“En el uso de recursos públicos, de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alternativas que pueden haber”, consignó.