El exministro de Salud de Brasil Eduardo Pazuello defendió este miércoles ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que estudia la gestión gubernamental de la pandemia del coronavirus, que el país es “soberano” y que no tiene por qué seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La esperada comparecencia del general Pazuello ante el CPI se ha producido dos semanas después de lo previsto, tras alegar que debía retrasar su declaración debido a que había mantenido contacto estrecho con un positivo por coronavirus.

“No estamos obligados a seguir ningún tipo de orientación de la OMS o de la ONU o de cualquier otro. Somos soberanos”, ha argumentado Pazuello, quien explicó que dichas organizaciones “estuvieron presentes a diario en el ministerio” y “no pusieron nada”.

“Nuestra decisión es plena, Brasil es soberano para tomar sus decisiones en cualquier ámbito, incluida la salud”, insistió Pazuello, quien a pesar de que las directrices de la OMS “no fueron claras” debido a la “la incertidumbre de la situación”, sino más bien “iban y venían”, desde el ministerio “se tuvo en cuenta sus posiciones para apoyar la toma de decisiones”.

Por otro lado, el exministro de Salud ha negado que el presidente, Jair Bolsonaro, ejerciera algún tipo de presión sobre él y sus decisiones, como sí criticaron los anteriores responsables de la cartera, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, enfatizando que “bajo ninguna circunstancia” le dio “órdenes directas”.

“En ningún momento el presidente me orientó, me encaminó o me dio órdenes de hacer algo diferente a lo que estaba haciendo” y “mis posturas y acciones nunca fueron rechazadas por el presidente”, subrayó Pazuello, quien apeló al patriotismo para recalcar que “sólo es un ciudadano más que juró defender a su país, pese a los riesgos inherentes de las misiones asignadas”.

Siguiendo la retórica del Palacio de Planalto, Pazuello también pretendió desligar al Gobierno de su responsabilidad para con los fondos que el Estado repartió a los gobiernos locales para que gestionaran la pandemia, afirmando erróneamente que “los fallos del Tribunal Supremo limitan” las posibilidades del Ministerio de Salud de interferir en estas acciones.

Pazuello, quien ha defendido su aptitud para estar al frente del Ministerio de Salud, respondió también a uno de los principales temas de esta comisión, el uso de cloroquina, un fármaco contra la malaria sin validez científica contra el coronavirus que Bolsonaro no ha dudado en promocionar, amparándose que cerca de una treintena de países tiene “protocolos” para su utilización, entre ellos China.

“Hay 29 países del mundo que tienen protocolos de uso de la cloroquina contra el Covid-19, como China, Corea del Sur, Cuba, que es mundialmente conocida por la medicina avanzada. Cuba tiene un protocolo inmenso. México, República Checa, Venezuela, tienen”, recalcó.

Después de que se supiera que había logrado un ‘habeas corpus’ para poder evitar las cuestiones más peliagudas que le plantearan la comisión del Senado, Pazuello irrumpió en la sala enfatizando que respondería a “todas las preguntas sin excepción”, pues pretende “dejar claro a la población brasileña todos los hechos y verdades” que sucedieron bajo su mandato.

En lo que respecta a la adquisición de vacunas contra el coronavirus, una de las cuestiones que más se le ha reprochado a Bolsonaro y su Gobierno, Pazuello explicó que la ruptura con Pfizer se debió a que la farmacéutica no solo quería imponer una serie de cláusulas que no estaban dispuestos a asumir, sino que su oferta “era tres veces más cara” por un lote “mucho inferior” al de otras empresas con las que estaban negociando.

La labor de Pazuello, el tercer ministro de Salud de Bolsonaro desde que estalló la crisis sanitaria, ha sido ampliamente cuestionada, debido a que, a diferencia de los anteriores responsables en el cargo, siempre ha sido visto por la opinión pública como una persona muy cercana a los postulados del presidente brasileño.

En paralelo a esta pesquisa parlamentaria, el Tribunal Supremo investiga a Pazuello por las posibles irregularidades y omisiones en las que habría incurrido durante la crisis del estado de Amazonas, además de otra del Tribunal de Cuentas por el posible uso indebido de fondos públicos para la compra de cloroquina.