Familiares de presos del estallido social enviaron al Senado un catastro de las personas que se encuentran privadas de libertad desde fines del 2019. La información cifra en 806 a los “presos de la revuelta”.

El secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Ignacio Vásquez, dio cuenta el martes del documento firmado por Carolina Oyarzún que remitió aquel documento, -cuyo registro está actualizado por última vez el 5 de julio-, contiene los detalles de cada una de las causas, como el hecho imputado, fecha y ciudad en que ocurrió, estado de tramitación y medidas cautelares, consignó El Mercurio.

Dicho informe, que será reenviado al Ministerio Público por acuerdo de la instancia, surge cuando tanto esa institución como la Defensoría, la Corte Suprema y el Ejecutivo coinciden en la dificultad que implica calcular la cifra exacta de eventuales beneficiados de aprobarse la ley, mientras que durante la tramitación en el Congreso se ha hablado de sobre 40.000 indultados a falta de un número certero.

La cifra fue realizada por integrantes del Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, compuesta por cerca de 80 organizaciones, entre ellas, agrupaciones de familiares de detenidos, el movimiento Furiosos Ciclistas -encabezado por Oyarzún- y legisladores que impulsan la propuesta.

La dirigenta estuvo encargada de enviar el documento al Senado, también levantó la información con otros miembros de la asamblea de familiares, una labor que ella consideró minuciosa, al cotejar los datos con la mesa técnica del grupo para así validarlos.