La Fiscalía española pidió al juzgado que investigue las torturas de la Policía franquista a un sindicalista en una comisaría de Barcelona, invocando por primera vez la nueva Ley de Memoria Histórica.

Esta acción abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura (1939-1975) que la Ley de Amnistía impedía perseguir.

En el informe, presentado ante un jugado de esa ciudad española, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicalista Carlos Vallejo contra seis policías franquistas.

Esta acción, es la primera vez en España que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2022, que permite investigar ese tipo de delitos por la vía penal.

El Ministerio Público español, en su escrito, indica que la nueva ley “impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista”.

Además, considera que es necesario investigar los hechos y “su contexto”, antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento, al tiempo que insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la “verdad y reparación de las víctimas”.

El artículo de la Ley de Memoria Histórica al que invoca la Fiscalía española establece que el Estado “garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española”.

La Ley obliga también a nombrar un fiscal de sala para la investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas “con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura”, cargo que desde el pasado 13 de junio ostenta la exministra de Justicia Dolores Delgado.