La Fiscalía Nacional informó que entre el viernes 18 y el domingo 27 de octubre pasado se abrieron 840 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas, en el contexto de los desmanes ocurridos durante el estado de emergencia.
Del total de estos requerimientos, 533 corresponden a investigaciones por apremios ilegítimos; 206 a eventuales abusos contra particulares; 18 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan en otros delitos como lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otras faltas.
En este marco el fiscal nacional, Jorge Abbott, destacó que el Ministerio Público cumple un doble rol, “tanto de velar por la vigencia del Estado de Derecho y perseguir severamente los hechos constitutivos de delito, cometidos durante los múltiples desmanes de los últimos días; como también, y muy especialmente, de velar por el respeto y resguardo de los derechos fundamentales de las personas”.
Sobre esa base, Abbott instruyó a todos los persecutores del país respecto del tratamiento y prioridad que debe dársele a las investigaciones sobre eventuales violaciones a los derechos humanos, las que contarán con la colaboración de la Unidad Especializada en DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
De las 840 investigaciones penales en marcha, el mayor número se concentra en las fiscalías Metropolitana Sur con 164, Biobío con 156 y Valparaíso con 137.
Por otro lado, 669 víctimas son hombres, 164 son mujeres y en 7 casos no ha sido identificado el sexo. Por edades, 122 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 713 son personas adultas; en tanto que en 5 casos no se ha identificado el tramo etario.
Entre los delitos investigados, sobre la base de la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, 8 son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación; 4 corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos.
Del total de denuncias, 597 se han presentado contra Carabineros; 45 contra el Ejército; 16 contra la Policía de Investigaciones y 8 contra la Armada; en tanto que en 174 casos no se ha identificado a un organismo en particular.
Del total de estos requerimientos, 533 corresponden a investigaciones por apremios ilegítimos; 206 a eventuales abusos contra particulares; 18 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan en otros delitos como lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otras faltas.
En este marco el fiscal nacional, Jorge Abbott, destacó que el Ministerio Público cumple un doble rol, “tanto de velar por la vigencia del Estado de Derecho y perseguir severamente los hechos constitutivos de delito, cometidos durante los múltiples desmanes de los últimos días; como también, y muy especialmente, de velar por el respeto y resguardo de los derechos fundamentales de las personas”.
Sobre esa base, Abbott instruyó a todos los persecutores del país respecto del tratamiento y prioridad que debe dársele a las investigaciones sobre eventuales violaciones a los derechos humanos, las que contarán con la colaboración de la Unidad Especializada en DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
De las 840 investigaciones penales en marcha, el mayor número se concentra en las fiscalías Metropolitana Sur con 164, Biobío con 156 y Valparaíso con 137.
Por otro lado, 669 víctimas son hombres, 164 son mujeres y en 7 casos no ha sido identificado el sexo. Por edades, 122 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 713 son personas adultas; en tanto que en 5 casos no se ha identificado el tramo etario.
Entre los delitos investigados, sobre la base de la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, 8 son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación; 4 corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos.
Del total de denuncias, 597 se han presentado contra Carabineros; 45 contra el Ejército; 16 contra la Policía de Investigaciones y 8 contra la Armada; en tanto que en 174 casos no se ha identificado a un organismo en particular.
