La Fiscalía Regional de Magallanes formalizó esta jornada a diez familiares de los imputados por el millonario fraude a Carabineros, denominado caso Pacogate, a quienes se les acusa por los delitos de lavado de dinero y malversación de caudales públicos por $28 mil millones.

Se trata de 10 civiles a quienes se les acusa actuar como testaferros de los involucrados de la institución.

El 7° juzgado de Garantía decretó las medidas de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí para los familiares y conocidos de los acusados.

Asimismo, se decidió mantener el plazo de investigación de esta arista en 8 meses, el cual comenzó a regir desde el 28 de mayo de 2021, fecha en la cual se formalizó a los cinco primeros testaferros en la causa.

Según la indagación del ente persecutor, dichos familiares cedieron su nombre para que se concretaran diversos actos de adquisición, ocultamiento y/o disimulación de bienes de origen ilícito, introduciendo de esta manera en el sistema económico financiero las ganancias ilícitamente obtenidas por algunos acusados sindicados como “las cabecillas de la red de desfalco”, entre ellos generales, coroneles en retiro y ex directores de finanzas, dificultando con ello la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales.

Asimismo, dichos ingresos fueron generados a partir del delito de malversación de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, de por lo menos $28.348 millones.

Entre los acusados están el general en retiro Iván Whipple y el exjefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría, quienes también serán formalizados en otra arista, que también involucra a la exministra de Justicia, Javiera Blanco.