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Incendio de estación Pedrero: Fiscalía pide 20 y 10 años de cárcel para imputados

Tras concluir la indagatoria del hecho que marcó el estallido social el pasado 18 de octubre, el Ministerio Público tiene contempladas esas sanciones efectivas para el adulto y para el menor de edad que ya fueron formalizados como autores del delito.
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El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, informó que ya cerró la investigación por el incendio que afectó a la Estación de Metro Pedrero el 18 de octubre de 2019, hecho que marcó el inicio del estallido social, que derivó en otras acciones de violencia y destrucción.

Junto con ello, el ente persecutor presentó la acusación contra Daniel Morales Muñoz y el menor de edad B.E.S.M., con la consiguiente peticiónde 20 años de cárcel y 10 años de internación en un Centro de Régimen Cerrado (CRC), respectivamente.

En el documento se indica que ambos imputados se concertaron mediante Whatsapp para concurrir en horas de la tarde del 18 de octubre a la Estación de Metro Pedrero, en la comuna de Macul, donde se efectúan una serie de destrozos y el incendio de la estación.

INTENSA LABOR EN LA PANDEMIA

Guerra también subrayó que el Ministerio Público ha tenido una intensa labor formalizando a individuos que infringen las medidas de aislamiento sanitario e iniciando investigaciones en hogares de ancianos afectados por estos hechos.

“Nos preocupa que tenemos cerca de 200 detenidos a diario por artículo 318”, señaló, recalcando que ya se han presentado 2 mil requerimientos contra personas que no respetan las cuarentenas, donde se piden penas de entre 61 a 541 días.

El persecutor también abordó los fallecimientos de personas en su domicilio que han tenido problemas para su certificación, y al respecto señaló que la fiscalía solo interviene de no existir la certificación de un médico.

“Ocurre en muchos casos que personas fallecen en la vía pública o en sus domicilios y no hay quién certifique su muerte. Estamos trabajando en que un funcionario de salud certifique la muerte”, explicó.

Puntualizó que “si no logramos que se certifique la muerte por causas naturales, nosotros tenemos el deber de actuar, en ese caso trabajamos apoyados por la policía y derivamos el cadáver al Servicio Médico Legal para la autopsia”, añadió.

Este jueves se conoció que el fiscal nacional Jorge Abbott ofició al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para solicitar a los diversos establecimientos de salud del país la emisión oportuna de certificados médicos de defunción en los casos de muerte por enfermedad en domicilios.

Respecto de ello, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, precisó esta jornada que se instruyó a los servicios de salud para que designen un facultativo que se dedique especialmente a esa función para agilizar los trámites y los deudos de las personas fallecidas no deban esperar y se le de la mayor dignidad a su ser querido.

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