19 Mayo 2022 09:21
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Ingresan norma para reconocer el patrimonio como un derecho en la Constitución

El objetivo es que la Carta Magna garantice "la protección, conservación, gestión y educación de los patrimonios culturales y naturales de Chile, en toda su diversidad y profundidad, tanto material como inmaterial, reconociendo su carácter de herencia colectiva y en el caso del patrimonio inmaterial, de derechos consuetudinarios y comunitarios".

Un grupo de convencionales respaldaron e ingresaron una iniciativa popular de norma constitucional que busca reconocer el patrimonio como un derecho en la nueva Constitución.

El objetivo es que la Carta Magna garantice “la protección, conservación, gestión y educación de los patrimonios culturales y naturales de Chile, en toda su diversidad y profundidad, tanto material como inmaterial, reconociendo su carácter de herencia colectiva y en el caso del patrimonio inmaterial, de derechos consuetudinarios y comunitarios”.

La propuesta surgió desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, cuyo presidente, José Osorio, destacó que “para nosotros este es un momento de mucha alegría, un momento histórico para las comunidades que han luchado por sus diversos patrimonios en todo el territorio”.

“Llevamos más de 12 años en esta lucha, defendiendo barrios frente a la especulación y destrucción inmobiliaria, destruyendo todo aquello que las comunidades consideran importante”, añadió.

Una de las constituyentes que apoyó la iniciativa es Carolina Videla (Partido Comunista), quien explicó desde el exCongreso de Santiago que “acabamos de ingresar una iniciativa constitucional que busca el reconocimiento de los patrimonios y el derecho a los patrimonios. Esta norma busca resguardar esas construcciones sociales, las memorias, lo que representa la identidad o la cuestión identitaria de nuestros pueblos”.

Videla acusó que la actual Constitución “habla muy escuetamente de la protección y de los edificios patrimoniales, pero los patrimonios y las herencias culturales son mucho más que lo que hoy día pudiera resguardarse”.

La convencional de Apruebo Dignidad destacó que en la propuesta “se identifica, entre muchos otros componentes, las semillas. ¿Qué más patrimonial que proteger y garantizar la alimentación, sobre todo en estos tiempos de cambio climático?”.

Por su parte, el constituyente Eric Chinga (Pueblo Diaguita) resaltó que “para todos es grata esta iniciativa, entendiendo que puede ser el anhelo de muchos el poder caminar y ver todos los barrios y patrimonio que en algunos casos este sistema ha ido destruyendo”. La propuesta también fue respaldada por convencionales como Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente) y Jennifer Mella (Frente Amplio)”.

En la vocería estuvo presente Daniel Sandoval, consejero regional de La Araucanía, quien acusó que en la región “tuvimos una terrible amenaza, donde no dejaban circular a los cochayuyeros. No los dejaban vender. Tuvieron amenazada su actividad ancestral y económica, eso no puede continuar. Por eso acudimos a la Convención, para ver como este nuevo pacto social tenga un nuevo rayado de cancha que le diga al mercado que tiene una nueva regulación, y que tiene que defender nuestra memoria y nuestra esquiva identidad”.

“El patrimonio son las personas que promueven, defienden, proyectan, algo fundamental respecto no solamente al pasado, sino que al presente y al futuro. Necesitamos una garantía constitucional que permita que los municipios, los gobiernos regionales, y las comunidades del patrimonio, puedan defender el patrimonio cultural, material, tangible e intangible”, afirmó Sandoval.

En concreto, la iniciativa busca que la nueva Carta Magna establezca que “el Estado de Chile, en su carácter plurinacional, intercultural y descentralizado, deberá garantizar al conjunto de pueblos y comunidades que habitan el país, la protección adecuada, la conservación integral, la gestión participativa, la educación formal e informal de sus patrimonios culturales y naturales”.

Asimismo deberá garantizar “los derechos consuetudinarios y comunitarios, los cuales incluyen todos los bienes materiales e inmateriales, lugares, territorios, inmuebles y conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales, objetos y sitios arqueológicos, memorias, prácticas culturales, oficios, tradiciones y festividades que la legislación ya tiene declarados y los que en el futuro gocen de tal protección, en virtud de su significación histórica, social, científica y simbólica que las comunidades les otorgan”.

En un segundo punto, la norma señala: “Reconociendo la diversidad de origen e historia de los pueblos y comunidades de Chile, el Estado deberá promover, garantizar y cautelar el respeto y educación hacia las identidades culturales de cada uno de ellos de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su particular visión respecto de la conservación y gestión de sus patrimonios culturales y naturales, en el marco de su sustentabilidad ambiental y la participación ciudadana vinculante para lograr el buen vivir y felicidad de la sociedad en su conjunto”.

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