El fiscal José Morales, carta que el Gobierno propuso ante la Cámara Alta para que sea el nuevo fiscal nacional, expuso este lunes en la Comisión de Constitución del Senado.

El persecutor expuso ante la instancia presidida por el senador Matías Walker (Demócratas) y conformada por Pedro Araya (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), la cual deberá emitir un informe frente a la votación en la Sala. Además, otros senadores asistieron como oyentes.

También asistieron a la presentación las ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia). Esta última indicó que el candidato del Ejecutivo cuenta con “un conocimiento acabado del Ministerio Público y de sus problemas de funcionamiento”. Además, acusó que “como Gobierno creemos que este no es un momento que admita incertezas, y la experiencia del señor Morales da garantías de aquello”.

Morales necesita el apoyo de 2/3 de los senadores para transformarse en el nuevo timonel del Ministerio Público. En caso de ser rechazado, la Corte Suprema deberá añadir un nuevo candidato a la quina, repitiéndose de esta manera el proceso.

Ante la comisión, el actual fiscal adjunto de la Fiscalía Santiago Norte entregó un plan de trabajo de seis puntos: crimen organizado y delitos violentos; delitos de género y delitos cometidos por funcionarios públicos; actualización tecnológica; atención a víctimas e intervinientes; control interno y rendición de cuentas; y carrera de fiscales y funcionarios.

También propuso conformar un centro nacional de análisis criminal; iniciar un plan de protección a testigos; y reemplazar el sistema de apoyo a fiscales.

Además, apuntó a fortalecer la Fiscalía de Alta Complejidad en la Macrozona Sur y La Araucanía. ”“Esta es una fiscalía que cuenta desde el año 2014 solo con dos fiscales y, además, se coordina con otros siete fiscales a nivel regional que, sin embargo, deben compartir su labor con otros delitos comunes que suceden en esa zona. Es importante fortalecer esa fiscalía en particular”, consignó.

Sobre las personas afectadas por violencia en el sector, Morales advirtió que “son víctimas particularmente sensibles, en las cuales muchas veces nos encontramos con víctimas que son mapuche. La fiscalía debe prestar especial atención en las situaciones complejas en las que se encuentran, considerando todos los aspectos de protección que el Ministerio Público está obligado a otorgarles”.

Consultado por la Ley Antiterrorista, respondió que esta cuenta con “una redacción compleja, de difícil aplicación (…) Si uno la estudia a propósito de la modalidad de comisiones está atrasada. Por ejemplo, la ley de delitos terroristas no tiene ataques informáticos, cuestión que obviamente a nivel terrorista podría ser ocupado y causar efetos más devastadores para la vida de la población”.

CASO CASCADAS, FRAUDE DE CARABINEROS Y ESTALLIDO SOCIAL

Ante los parlamentarios, Morales también se refirió a su papel en casos controversiales, como el Cascadas y el fraude de Carabineros.

Sobre el primero -del que estuvo a cargo entre 2013 y 2015-, recalcó que “no tiene nada que ver con el financiamiento de la política, es un caso de fraude bursátil, un conflicto entre privados, que dice relación con el control del activo subyacente que era la empresa SQM”.

“Formalicé a una persona, que era el gerente general de estas sociedades cascadas. El exfiscal nacional Chahuán me apartó supuestamente porque no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años de que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada, la persona está absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo, de forma injusta por el exfiscal nacional”, advirtió.

Sobre la indagatoria de malversación en la policía uniformada, el persecutor debió explicar por qué no siguió con la pesquisa y apuntó a la existencia de un informe falso, confirmando que está citado como testigo a propósito de este último.

“La Fiscalía archivó esa causa. En 2017 cuando se destapa el fraude, lo primero que hago con ese caso fue presentar una denuncia de obstrucción a la investigación (…) dentro de la descripción de los hechos de la investigación está la entrega de un informe falso por parte de estas personas”, contestó.

Respecto a su postura por las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, el fiscal señaló que se deben agilizar las investigaciones pendientes y designar un grupo especializado en el Ministerio Público para definir responsabilidades individuales, lo que “no debe extenderese solo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino a todos los agentes del Estado”.