“Efectivamente a nivel nacional tenemos 148 investigaciones con 255 víctimas (…) y cuatro clérigos formalizados”, dijo el fiscal nacional, Jorge Abbott, en rueda de prensa.
El funcionario destacó el “trabajo importante” que la justicia emprendió para que “las personas que han sido históricamente víctimas tuvieran la oportunidad de denunciar los hechos de los que fueron objeto (…) y esto ha abierto la posibilidad de asumir la reparación”.
La Fiscalía pretende continuar con todas las investigaciones para determinar los casos en que aún la justicia puede condenar a los victimarios, sin que lo impida una prescripción.
En un reporte anterior, la justicia indicó que dentro de los acusados aparecen curas, religiosos no sacerdotes, diáconos y una decena de laicos. Las denuncias por abuso se reparten por todo el país y en la mayoría de las congregaciones, siendo las más numerosas las denuncias sobre violaciones perpetradas por curas a lo largo de décadas en colegios administrados por la Congregación Marista. Allanamientos en oficinas de obispos y edificios de la Conferencia Episcopal local formaron parte de los movimientos de la Fiscalía para sumar pruebas.
Asimismo, los tribunales locales se transformaron en una pasarela para varios obispos locales acusados de encubrimiento, incluido el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Producto de esa catarata de denuncias que comenzó en 2010 con tres víctimas del poderoso sacerdote Fernando Karadima -condenado por abusos por el Vaticano en 2011 y expulsado de la Iglesia en 2018- la religión más seguida en Sudamérica vive sus horas más bajas en Chile.
La visita del Papa argentino en enero de 2018 evidenció los reclamos de la comunidad por la indiferencia del Vaticano ante los casos de pedofilia y llevó a Francisco a investigar al clero local e iniciar una profunda reforma.