La Municipalidad de La Florida presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía por graves amenazas dirigidas a funcionarios municipales, tras confirmarse la ejecución del desalojo de los terrenos donde se encuentra el Campamento Dignidad.
El sitio fue declarado la semana pasada como inhabitable por su alto riesgo de aluvión e incendio forestal, por lo que a partir del 6 de octubre se concretará el retiro de las 194 familias que habitan allí.
Según detalló el municipio, las amenazas provienen del perfil “gogeta6969” en Instagram, desde donde se enviaron mensajes con insultos, amenazas de muerte y advertencias de ataques con armas de fuego, además de intenciones explícitas de quemar la maquinaria municipal que participará en el operativo.
“No vamos a permitir que la violencia ni las amenazas intenten amedrentar el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas. Nuestro deber es actuar con responsabilidad, resguardar la seguridad de las familias que viven en un terreno inhabitable y devolver la tranquilidad a los vecinos del sector”, manifestó el alcalde Daniel Reyes.
El jefe comunal recalcó que la Municipalidad de La Florida continuará adelante con el operativo, el cual se desarrolla en coordinación con el Equipo de Asentamientos Precarios del Serviu Metropolitano y bajo estrictos protocolos de seguridad, apoyo social y acompañamiento a las familias.
“Cuando algunos optan por el caos y la violencia, nosotros elegimos el camino del Estado de Derecho. En La Florida no gobiernan las redes sociales ni las amenazas: gobierna la ley, el orden y el compromiso con nuestros vecinos. Quienes intimidan a un municipio por cumplir su deber, están amenazando a todos los vecinos”, añadió el alcalde Reyes.
El objetivo del desalojo, según la Municipalidad, es proteger la vida de 194 familias —equivalentes a 631 personas— que viven en la zona de riesgo, mediante un proceso gradual con apoyo habitacional transitorio, a través de subsidios de arriendo (DS52).
En ese sentido, “se ha mantenido una presencia permanente en el lugar, entregando ayudas sociales, vales de gas, cajas de alimentos, juguetes y apoyo en emergencias, por un monto que supera los $100 millones entre 2020 y 2024, reflejando su compromiso con las familias más vulnerables del sector”, informó la casa consistorial.
Para la ejecución del operativo, el municipio dispondrá equipos sociales, de salud, seguridad y protección animal, con el propósito de asegurar una intervención integral, humanitaria y segura.
En cuanto a la denuncia por amenazas, el caso fue derivado al Ministerio Público, que dispuso medidas de protección para los funcionarios municipales y los equipos operativos involucrados en el desalojo.
