El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, presentaron este martes el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desarrollados con datos de la Comisión Ingresa y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en base a la Operación Renta 2021, la autoridades destacaron que el documento funcionará como herramientas frente a proyectos de ley en la materia, como la condonación de deudores que forma parte del programa de gobierno o el sistema que reemplazará al CAE.

De acuerdo al informe, actualmente hay 1.110.000 personas que adquirieron el crédito, de las cuales el 27% está estudiando, el 57% ya egresó y el 16% no ha terminado su carrera. Respecto a las instituciones, un 41% ha sido para financiar carreras universitarias y un 33% para institutos profesionales.

Además, un 81% de los deudores gana menos de $1.000.000 mensuales y un 69% menos de $750.000. En tanto, un 38% recibe ingresos menores a $250.000.

Mientras, un 74% de los estudiantes de los dos primeros quintiles poseen rentas mensuales en promedio inferiores a $750.000, mientras que un 40% gana menos de $250.000. Solo el 5% de quienes provienen de este grupo, ganan un sueldo superior a $1.500.000.

De los deudores que obtuvieron su CAE al momento de pertenecer al quintil de mayores ingresos, el 59% se concentra en los tramos inferiores a $750.000, mientras que el 14% de estas personas que pertenecían a estos quintiles ganan por sobre $1.500.000.

En materia de género, el 57% de los morosos corresponde a mujeres y el 43% a hombres. El 72% de las deudoras ganan menos de $750.000, mientras que el 66% de los hombres recibe ese sueldo. En la misma línea, el 61% de quienes reciben ingresos menores a $250 mil son mujeres.

Además, un 92% de las mujeres adeudadas con el CAE que no terminaron sus estudios gana menos de $750.000, mientras que en el caso de los hombres llega a 84%.

La subsecretaria Figueroa advirtió que la morosidad “ha crecido de manera persistente desde el 2015. Es decir, no son cifras nuevas, sino que han crecido un 48% hasta 2021”.

Remarcó que la condición “es especialmente alta entre quienes no quienes lograron culminar sus estudios, equivalentes a un 77%. Y entre quienes provienen de los dos primeros quintiles de ingreso, que representan el 53% del total”.

Luego apuntó a que el CAE “ha sido sujeto prácticas y mecanismos de cobranza que han sido abusivos y no han permitido generar una holgura o un camino para que los deudores puedan terminar su condición de morosidad”.

UTILIDAD DEL INFORME

Tras presentar las cifras, Figueroa explicó que el informe cobra importancia al contener información cruzada que permite “caracterizar de mejor manera, no solamente los niveles de ingreso, sino también las posibilidades de pagar respecto de la deuda”.

Ello “entendiendo que las personas que tienen CAE provienen de quintiles que se convierten no solamente en una pesada mochila para pagar el CAE, sino que deben hacerse cargo de situaciones familiares, del cuidado de otras familias, que en gran medida representan primeras generaciones en la universidad”.

“La información que nos entrega el SII es la más certera, la más confiable, sabemos que el SII ha sido reconocido por eso, es la primera vez que en el diseño y análisis del CAE se cruza información de Impuestos Internos”, resaltó.

Por su parte, el ministro Ávila destacó que el informe refleja que la mayoría de los deudores “no son personas millonarias, como se ha querido instalar muchas veces”.

“Aquí hay una promesa importante que no se cumplió, asociada a la movilidad social. Especialmente, porque el crédito se enmarca en un subsistema de educación superior que ha estado desregulado y que muchas veces no tiene relación, incluso, con los sectores productivos. ¿Cuántas carreras hemos visto que están saturadas?”, advirtió.

De esta manera, afirmó que “van a incorporarse variables de este tipo” en el proyecto de condonación, el cual remarcó que “no es un perdonazo, es un ejercicio de justicia y reparación, es el marco que tiene y que va a ser presentado el 2023”.

Además, el titular del Mineduc adelantó que “en los próximos meses vamos a tener otros informes que van a ir complementando esta información, que va a transcurrir en paralelo con el ejercicio prelegislativo”.

Asimismo, explicó que el sistema que reemplazaría al CAE debe ir ligado a la propuesta de condonación y que se ingresará mediante varias iniciativas o mediante una con varias etapas.

“Si pensamos en políticas públicas serias, que son integrales y que miran el subsistema en conjunto, hay que revisar cada uno de estos elementos. Es momento de revisar el sistema de gratuidad, de financiamiento, y de generar las respuestas a la deudas estudiantiles”, consignó Ávila.

Finalmente, Figueroa indicó que “estamos trabajando en un modelo que tiene al menos cuatro patas”, apuntando a la condonación, el diseño de un sistema transitorio, el financiamiento del estado y la gratuidad.

Sobre lo último, aseveró que “en torno a la gratuidad hay distintos elementos que tenemos que analizar. Y la gratuidad es imposible no leerla en función de otras dimensiones que están allí. Aranceles regulados, regulación de vacantes, reglamento de gratuidad vigente, como se relaciona o dialoga con el sistema de acreditación”.

“Todo eso se entiende como parte de la educación superior. Por lo tanto, cuando analizamos la gratuidad, no se trata de tomar medidas que limiten o aumenten, sino más bien como responde a este diseño del sistema de financiamiento de la educación superior”, complementó.

“La ley es clara y establece cuales son los criterios que debe cumplir cualquier institución de educación superior que quiera ingresar a la gratuidad. Si no se cumple con lo que establece la ley, no se puede ingresar a la gratuidad”, cerró.