El Ministerio de las Culturas puso fin al contrato de la funcionaria Claudia Soto, acusada de cambiar su nombre para representar como dirigente a la toma 17 de mayo de Cerro Navia.

De acuerdo a un reportaje de Canal 13 afirmó que Soto, quien hasta este lunes se desempeñaba como coordinadora del Área de Transformación Digital de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, utilizaba otra identidad para ejercer como dirigenta social.

Según el citado medio la mujer ha usado el nombre de Gloria Bascuñán para ser integrante de la mesa coordinadora de la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia.

Bajo esa identidad, participó en distintas instancias, como una que ocurrió en agosto de 2022, cuando encabezó el conversatorio Diálogo Constitucional: Derecho a la vivienda y a la ciudad de la Universidad de Chile. Otra ocurrió cuando representó a la toma en la mesa de trabajo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano.

Además, se le vio en manifestaciones en la vía pública, como la del pasado lunes 12 de junio, cuando tuvo que ser retenida por Carabineros cuando intentó ingresar a las dependencias del Congreso Nacional durante una manifestación en contra del proyecto de ley llamado anti tomas.

Claudia Soto trabajaba desde 2020 en el Ministerio de las Culturas y, de acuerdo con el medio citado, tuvo un salario bruto de $2.263.466.

“Gloria es mi apodo”, afirmó al medio citado cuando se le preguntó por esta doble identidad.

“En verdad no tengo nada que ocultar. No le he robado a nadie y no soy corrupta”, agregó.

El Ministerio de las Culturas sostuvo que, como entidad pública, se toman “muy en serio cualquier acusación que involucre a nuestros servidores públicos”.

Por ello, “hemos conversado con la profesional y nos encontramos recabando todos los antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetiva la situación planteada, y determinar los cursos de acciones pertinentes”, agregó.

Posteriormente, la Secretaría de Estado anunció el término del contrato de prestación de servicios a honorarios de Claudia Soto. También reiteraron la total disposición para colaborar en las investigaciones que se pueden realizar.

Finalmente, reafirmaron que, como ministerio, respetan “la libre expresión y las actividades de nuestros trabajadores, siempre que no contravengan la normativa que nos rige como institución pública“.