Se realizó este jueves la primera sesión de la mesa de trabajo para construir la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos, liderada por el Ministerio de Salud.

La iniciativa busca generar políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran. Esto, con perspectiva de género y derechos humanos como eje de la acción, y mejorando las atenciones de salud mental.

En la sesión de la mesa de trabajo estuvieron presentes la ministra de Salud, María Begoña Yarza; el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Fernando Leanes; y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab.

La estrategia plantea medidas a corto y mediano plazo. Algunas de las que se pretenden aplicar en el corto plazo son la constitución de un Consejo Asesor en Salud Mental, y la reactivación de la Comisión Nacional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedad Mental (Conaprem) y las Comisiones Regionales (Coreprem).

El Consejo Asesor en Salud mental es un órgano de participación social y ciudadana de carácter nacional, que tiene un foco más amplio que la protección de derechos de personas con enfermedad mental. Este colaborará en definir las políticas de protección de derechos en la misma agenda, en el corto y mediano plazo.

Por otro lado, se elaborará una norma técnica de terapia electroconvulsiva, la que se actualizará los estándares de procedimientos técnicos, con el fin de precisar condiciones de aplicación, delimitar indicaciones terapeutas de acuerdo a la evidencia disponible, determinar consideraciones de capacidades de consentimiento y establecer mejores indicadores de monitoreos.

Desde el Gobierno también proponen la elaboración de un reglamento de hospitalización psiquiátrica, con la participación de expertos y usuarios. Además, incluyen un protocolo de acción frente a vulneraciones de derechos ocurridas en contextos de atención de salud mental, y la implementación de mesas de trabajo con comunidad hospitalaria.

En el mediano plazo, la medida desinstitucionalizará a personas con discapacidad psicosocial viviendo en hospitales psiquiátricos y clínicas en convenio.

Asimismo, se presentará una ley de salud mental integral “que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, y asegurará su adecuado financiamiento”, detallaron desde el Gobierno.