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Según confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, la demolición de las estructuras comenzará este martes, “en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen”.

El procedimiento se concretó gracias a un trabajo conjunto entre detectives de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, en coordinación con la Policía Boliviana.

Diego Monsalve, abogado defensor del condenado, explicó que “nosotros estábamos pidiendo una pena única de veinte años y, tanto la Fiscalía como los acusadores particulares, pretendían una pena de presidio perpetuo calificado”.

Gonzalo Sanhueza, en conversación con Radio Infinita, dijo que “la discusión presupuestaria, que toma dos meses, es una buena instancia para que podamos conocer realmente la situación de los Serviu y de otros servicios del Estado que pueden tener esta situación”.

El beneficio entrega un monto mensual de hasta $44.157, a aquellas mujeres que, entre otros requisitos, tengan entre 25 y 59 años, y pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población.

A través de un comunicado, desde la institución señalaron que “tanto los altos oficiales que liderarán la gestión institucional como los miles de hombres y mujeres que integran nuestras filas, reafirman su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del país, quienes seguirán colaborando activamente en las acciones modernizadoras que nos permitan ofrecer a la comunidad el ‘carabinero del Centenario’”.

Durante la fiscalización, el individuo manifestó voluntariamente que en su domicilio mantenía más productos.

Según consignó La Tercera, entre el 2 y el 16 de septiembre se pagó el incremento de la PGU desde los $224 mil, a $250 mil, para las personas con 82 años o más.

El candidato del Partido Republicano, en entrevista con La Nación de Buenos Aires, dijo que “hoy la gente está cansada, hay sectores muy vulnerables que tenían antes posibilidad de ir a tres mega supermercados, y hoy no cuentan con ninguno porque fueron quemados y saqueados. Lugares en centros urbanos donde había instalaciones del Estado, como el Registro Civil u otros de atención a la sociedad civil, fueron quemados, vandalizados y hasta el día de hoy no se recuperan”.

El titular de Seguridad Pública sostuvo que “la información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo investigador a cargo no es Sandro Gaete, es la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy”.