Tres ciudadanos chilenos, entre ellos Natalia Gallardo Parra, una joven de 26 años, fueron arrestados el pasado 27 de abril durante una extensa redada migratoria en un club nocturno de Colorado Springs, Estados Unidos. Más de un centenar de personas indocumentadas fueron detenidas en el operativo, que fue encabezado por la DEA y otras agencias federales.

Natalia, quien vive en EEUU desde 2019, permanece actualmente en un centro de detención migratoria. En una conversación telefónica con su familia, a la que accedió 24Horas, la joven relató los hechos ocurridos durante la redada.

“De repente empezaron a golpear los vidrios, a lanzar gas pimienta para adentro y con las puertas cerradas, estábamos ahogados. Empezaron a disparar, nos sacaron y empezaron las golpizas, a tirarnos al suelo, nos encadenaron“, contó.

Luego agregó: “Si me quieren llevar a Chile, que es lo que quieren, está bien, pero ni siquiera de eso me están dando información, nada, si nos quieren llevar a nuestro país que nos lleven luego, pero nos están tratando como los peores criminales y no lo somos“.

David Gallardo, padre de Natalia, afirmó: “Mi hija es una ciudadana ejemplar… con ninguna infracción, ni siquiera de tránsito, siendo baby sister, que tienen que ser personas ejemplares, se topó con eso y lo está pasando muy, pero muy mal“.

La DEA informó que el objetivo del operativo era desmantelar un supuesto club clandestino con presuntos vínculos con el Tren de Aragua y la pandilla MS-13. Las autoridades señalaron que en el lugar habría tráfico de drogas, prostitución y consumo de Tusi (cocaína rosa).

La dueña del local, sin embargo, negó categóricamente esos vínculos y aseguró que se trataba solamente de un after party, sin relación alguna con organizaciones criminales.

Rubén Montenegro y Carolina Zamora, los otros dos chilenos detenidos en la redada, también rechazan cualquier vínculo con delitos o pandillas y aseguran ser completamente inocentes.

La Cancillería chilena, por su parte, indicó que el Consulado en Los Ángeles está monitoreando el caso, mientras el Departamento de Servicio Social se encuentra recabando antecedentes. No obstante, la situación continúa siendo motivo de inquietud.

El gobierno de Estados Unidos ha defendido este tipo de acciones, argumentando que forman parte de una nueva estrategia para deportar a inmigrantes indocumentados presuntamente vinculados con actividades delictivas.