Por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el OS7 de Carabineros allana este lunes el domicilio del gobernador Claudio Orrego y la sede del Gobierno Regional Metropolitano, en el marco del caso por eventuales irregularidades en contratos de coaching para su campaña.
Según reportó T13, efectivos del OS7 ejecutaron las órdenes e incautaron documentos y dispositivos tecnológicos en la casa del gobernador, y también en su oficina en el Gore Metropolitano. En ambos domicilios se entregaron voluntariamente los artículos requeridos.
A través de su abogado, hace una semana, el gobernador Orrego se había ofrecido a declarar, y también a entregar su celular y dispositivos electrónicos.
Además, hace dos semanas, T13 informó que la Contraloría General de la República había detectado una serie de irregularidades en el Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego.
Tras una auditoría, el ente fiscalizador apuntó directamente contra el gobernador por el supuesto uso de recursos públicos para charlas de campaña política en 2024, en las elecciones que ganó el actual gobernador Orrego.
Según el resultado de la auditoría, a la cual accedió Reportajes de Teletrece, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.
DECLARACIÓN DEL GORE METROPOLITANO
El Gore Metropolitano emitió una declaración pública en la que precisó que “el gobernador Claudio Orrego, a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos.
De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del Gobernador.
Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía.
El gobernador y su equipo, seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”.