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Sharp reclama contra orden de Trasparencia para entregar datos de acoso sexual

El alcalde de Valparaíso decidió presentar ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia. A través de una declaración pública, la alcaldía de Valparaíso compartió que "esta solicitud de información específica referida a los datos personales e individualización de las víctimas es perjudicial para las personas involucradas, ya que la publicación y eventual divulgación de esta información personal podrían producir consecuencias adversas".
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El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, decidió presentar ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia, que obligó al municipio a entregar información sobre antecedentes y sumarios por denuncias de acoso sexual.

La Municipalidad de Valparaíso registra un total de 51 denuncias por acoso sexual, laboral y maltrato, entre los años 2017 y 2022.

Además, en el 2020 el municipio suspendió por 60 días a Patricio Aeschlimann, por denuncias de un caso de abuso sexual.

La abogada Jeanette Bruna, quien presentó la querella que terminó con la destitución de Aeschlimann, aseguró que no cree que vaya a resultar exitoso el reclamo de Valparaíso.

Añadió que le “sorprende que el alcalde Sharp haya reclamado en cualquier Consejo para la Transparencia. Porque, por un lado, la ley señala que es improcedente el reclamo, cuando la causal de negación ha sido el exceso de trabajo que implica lo solicitado por la ciudadanía, y eso es solo que alegó el alcalde al momento de negar”.

A través de una declaración pública, la alcaldía de Valparaíso compartió que “esta solicitud de información específica referida a los datos personales e individualización de las víctimas es perjudicial para las personas involucradas, ya que la publicación y eventual divulgación de esta información personal podrían producir consecuencias adversas”.

Por su parte, la abogada Bruna agregó que lo que argumentó el municipio para recurrir a la Corte no tiene sustento en los hechos, puesto que es el Consejo para la Transparencia el encargado de borrar los datos sensibles de la información solicitada.

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