Mientras este miércoles la comisión investigadora de la Cámara de Diputados escuchó la exposición de los abogados defensores de la jueza Silvana Donoso por su actuación al otorgar libertad condicional a Hugo Bustamante – el único imputado por el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo-, la Corte Suprema realizó emitió esta tarde una declaración pública en apoyo a la magistrada cuestionada, exigiendo respeto a la independencia de los jueces.

La comisión investigadora analiza una posible acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso “por notable abandono de deberes” al presidir la Comisión de Libertades Condicionales que entregó tal beneficio a Bustamante en 2016.

El abogado Jaime Winter fue uno de los defensores de la jueza ante la comisión parlamentaria, destacando la carrera “impecable” de Donoso, como señala su hoja de vida, la cual adjuntó.

Añadió que en los casos de libertad condicional siempre hay una tasa de reincidencia que “no se puede evitar”. Sin embargo, agregó que lo importante es que la tasa de reincidencia de las personas que cumplen la pena completa es mayor que las que pueden optar a la libertad condicional.

La abogada Dafne Guerra también fue parte de la defensa y se encargó de detallar por qué consideran que la acusación es inadmisible. En su exposición aseguró que no es posible que, por la decisión de un órgano colegiado, como es la Comisión de Libertades Condicionales, compuesta por cuatro jueces más, se persiga solo la responsabilidad personal de la ministra Donoso.

A su vez, Winter apuntó que la decisión de dejar salir condicionalmente a Hugo Bustamante fue tomada en forma unánime, por cinco miembros de manera objetiva, con los hechos objetivos.

DECLARACIÓN DE CORTE SUPREMA

En esta misma jornada, el pleno de la Corte Suprema emitió una declaración rechazando la acusación constitucional que analiza la comisión investigadora de la Cámara de Diputados contra Donoso.

El texto, acordado en un pleno extraordinario de la mañana de hoy señala:

La Corte Suprema, reunida en pleno, ha tomado conocimiento de la acusación constitucional presentada respecto de la ministra señora Silvana Donoso Ocampo, integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, circunstancia sobre la cual acordó expresar su opinión, mediante la siguiente declaración pública:

1. Presupuesto indispensable de un estado de derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra, pero en lo que realmente le compete.

2. En el escenario descrito, la Corte Suprema cumple, una vez más, con el deber de exigir el respeto debido a la autonomía e independencia de los jueces del país, con motivo de la acusación constitucional que se ha presentado en contra de la ministra señora Silvana Donoso Ocampo, que tiene su origen en la resolución adoptada en una sesión de la Comisión de Libertad Condicional que le correspondió presidir, y que se encontraba integrada, además, por cuatro jueces.

3. Con fecha 10 de agosto de 2018, esta Corte hizo oír su voz – en defensa del estado de derecho- frente a acusaciones constitucionales contra tres ministros del máximo tribunal, acusados de notable abandono de deberes, misma imputación que ahora se formula en contra de la ministra Donoso.

4. El cuestionamiento de las argumentaciones que sustentan la decisión de un juez implica la revisión de la misma por un órgano extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación a la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial.

5. No está de más recordar que, de acuerdo a la Carta Fundamental, ninguna autoridad puede “en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Esta disposición proclama la autonomía de los magistrados, indispensable no solo para su cabal desempeño, sino para garantizar a los ciudadanos la imparcialidad de los jueces encargados de conocer y resolver sus asuntos, poniéndolos a cubierto de intromisiones de otros poderes.

6. En este caso –y tal como ocurrió con las anteriores tres acusaciones, todas rechazadas- no es el cargo de la señora ministra el que está en riesgo, sino la vigencia del estado de derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Constitución Política”.