Tras el dictamen de Contraloría, los funcionarios de la Municipalidad de Santiago denunciaron este viernes una “larga cadena de irregularidades” y una serie de asesores que duplican funciones, entorpecen procedimientos, provocando una “gestión paralela partidista”, en referencia a la militancia comunista de la alcaldesa Irací Hassler.

En una declaración pública, la Asociación de Profesionales y Técnicos de Santiago expresó su “profunda preocupación por los acontecimientos relatados en el informe del órgano contralor, que han revelado por una parte, la falta de rigor con que ha actuado la administración en el intento de adquisición del inmueble y por otro lado la nula capacidad de escuchar y responder a las diversas solicitudes para detener un proceso que ya se visualizaba muy dudoso”.

También aseveró que han debido enfrentar diversas situaciones al interior del municipio, que la relación con la administración municipal es cada vez más lejana, y que “tiende a enmarcarse en sus propósitos particulares”.

“Lamentablemente la situación observada por Contraloría es una más de una larga cadena de situaciones irregulares, como ‘jefes’ que no son jefes; ‘Directores’ que no son Directores y una serie de asesores que duplican funciones, entorpecen procedimientos, provocando una gestión paralela partidista, tratando a los funcionarios y funcionarias con desdén y en muchos casos derechamente con desconfianza y malos tratos”, agregó el gremio.

Asimismo, lamentó que esta situación no permita “visualizar el verdadero tema de fondo que nos afecta a todos y todas, como es la falta de una infraestructura adecuada para la atención de salud de nuestras vecinas y vecinos de Santiago”.

Finalmente, llamó a la alcaldesa a trabajar en conjunto con los funcionarios “en búsqueda de soluciones a los diversos problemas que afligen a nuestra comunidad, asumiendo el rol de gobierno local y de liderazgo, más allá de sesgos políticos, de las desconfianzas y de las agendas particulares”.

Debido los duros reproches de la Contraloría, la jefa comunal anunció querellas contra tres tasadores y solicitó la renuncia del director jurídico Jean Pierre Chiffelle y del secretario de planificación del municipio, Luis Mayorga, por sus responsabilidades políticas y técnicas en la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.