El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afronta este lunes un segundo juicio político que puede sacarlo del poder, a poco más de ocho meses de completar su mandato.

En una suerte de “remake” de un juicio del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra corre nuevamente el riesgo de tener un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki, quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del parlamento.

El presidente está acusado de haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. La vez anterior, fue señalado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno sobre un cuestionado contrato a un cantante.

“Soy atacado de manera sistemática (…), no he cometido acto de corrupción”, declaró Vizcarra el domingo en un comunicado, afirmando que sus acusadores “están generando inestabilidad política”.

Sin embargo, las acusaciones no han mellado el alto apoyo ciudadano que tiene este ingeniero provinciano de 57 años, sin partido ni bancada legislativa, que asumió el poder tras la renuncia de Kuczynski, de quien era vicepresidente, el 23 de marzo de 2018.

En caso de ser cesado, tomará las riendas del país el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos.

Se necesitan 87 votos, de 130, para declarar la “vacancia presidencial”, pero es difícil pronosticar un veredicto en el atomizado Congreso peruano. Ni siquiera el partido de Merino tiene un criterio único. 

Mientras el legislador Orlando Arapa apoya destituir a Vizcarra “por haber mentido y por estar implicado en tantos actos de corrupción”, su colega Hans Troyes cree que eso “generará una pésima imagen del país ante los ojos del mundo”.

Si es removido, Merino se convertiría en el tercer presidente de Perú desde 2016, un reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821.

Descargos

El Congreso admitió a trámite la moción de vacancia hace una semana por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, a cinco meses de los comicios presidenciales y legislativos.

Vizcarra y su abogado harán los descargos en este juicio relámpago en una sesión plenaria programada para las 09:00 locales (14:00 GMT), tras lo cual habrá un largo debate antes de la votación.

Como en el juicio anterior, no hay asuntos ideológicos en pugna, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.

Tampoco está en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú, como la recesión económica, la pandemia del coronavirus o un foco de difteria que forzó a una vacunación de emergencia. 

Por ello, parece que todo se trata de una mera disputa por el poder y que las denuncias contra Vizcarra serían un simple pretexto. 

De hecho hay parlamentarios que se esmeran en destituir a Vizcarra que también enfrentan denuncias por corrupción y que han logrado eludir a la justicia por su fuero.

Hace un mes, la Fiscalía anunció que investigaría las denuncias contra Vizcarra cuando culminara su mandato, el 28 de julio de 2021, pues ahora posee inmunidad, pero sus enemigos en el Congreso no quisieron esperar.

Vizcarra asegura que los parlamentarios rivales quieren sacarlo para retrasar las elecciones de abril de 2021 y, de este modo, prolongar su mandato en el Congreso.

En los sondeos, redes sociales y en las calles (con cacerolazos), el apoyo a Vizcarra no decae: tres de cada cuatro peruanos quieren que siga gobernando, mientras el Congreso enfrenta un 59% de desaprobación.

Preocupación de OEA

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el domingo su “preocupación” por la tensión entre el presidente peruano y el Congreso, afirmando que en el marco de la pandemia “afecta la vida normal” de la nación andina.

De su lado, los gremios empresariales pidieron evitar la destitución y focalizarse en la reactivación económica y la emergencia sanitaria.

La corrupción es uno de los males de Perú y cuatro expresidentes están salpicados por el escándalo de pagos ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

El exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta en EEUU un pedido de extradición a Perú; Alan García (2006-2011) se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) pasó nueve meses en prisión preventiva; y Kuczynski (2016-2018) está con arresto domiciliario.