Dicha acción tiene por objeto que el funcionario explique por qué descartó denunciar o querellarse contra 11 empresas por financiamiento ilegal de la política y eventual delito de cohecho.
El sociólogo dijo que espera una explicación, sobre todo si se tiene en cuenta que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar o querellarse cada vez que observan o ven un delito.
Y agregó que por eso Fernando Barraza no estaría cumpliendo la ley ni a cabalidad sus funciones, lo que de comprobarse con la respuesta a su requerimiento de transparencia significará que recurrirá a la justicia.