La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, juramentó este miércoles como gobernadora luego de que la justicia invalidara por “inconstitucional” al anterior mandatario, abriendo un nuevo capítulo de la crisis política que padece este territorio de Estados Unidos en el Caribe.
Vázquez juró ante las banderas de su país y estadounidense y luego posó para las cámaras, sin ofrecer declaraciones.
“Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero”, había escrito previamente la autoridad en un comunicado.
Poco antes, en una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había decidido que la juramentación la semana pasada del abogado Pedro Pierluisi como gobernador había sido inconstitucional.
Pierluisi “no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta Opinión y Sentencia sea efectiva” el miércoles a las 17:00 locales (21:00 GMT), expresó el dictamen de la corte.
Vázquez, que era la próxima en la línea de sucesión, había hecho público su desinterés en convertirse en gobernadora, pero confirmó poco después de conocerse el fallo judicial que acataría lo dispuesto por la ley.
Por su parte, Pierluisi abandonó la casa de gobierno en la capital, San Juan, llamando a la unión de los puertorriqueños y a “dejar atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas”.
Pierluisi había asumido como gobernador el viernes pasado luego de ser nombrado a última hora por parte de Ricardo Rosselló, quien ese mismo día dejaba el puesto medio de escándalos de corrupción y una polémica generada al divulgarse fragmentos de chat comprometedores.
Pero el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado no había sido aprobado por el Senado, que en ese momento estaba en receso.
Rosselló se saltó esta prerrogativa amparándose en una enmienda de 2005 de una ley de 1952, por lo que Pierluisi asumió el cargo.
“Cuando asumí el cargo de Gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento, pues las leyes se presumen constitucionales y, por ende, válidas”, aclaró Pierluisi.
Los tres pertenecen al Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.
La congresista en Washington por Puerto Rico, Jennifer González, comentó en un comunicado que “el Senado hizo lo correcto al poner a un lado el debate político y partidario para que el Tribunal Supremo tomara la decisión siguiendo la Constitución”.
Rosselló enfrentó multitudinarias manifestaciones debido a la filtración el 13 de julio de un chat de la aplicación Telegram en el que él y otros hombres de su entorno compartían mensajes considerados homófobos, misóginos y también ofensivos hacia las víctimas de los huracanes de 2017.
Unos días antes, seis funcionarios de gobierno habían sido acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de la isla por los efectos de los huracanes Irma y María.
Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal y se había declarado en bancarrota en mayo de 2017, con una deuda de 70.000 millones de dólares.
De 3,2 millones de habitantes, Puerto Rico es un territorio estadounidense en el Caribe, con estatuto de Estado asociado y tiene un delegado con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes.
Vázquez juró ante las banderas de su país y estadounidense y luego posó para las cámaras, sin ofrecer declaraciones.
“Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero”, había escrito previamente la autoridad en un comunicado.
Poco antes, en una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había decidido que la juramentación la semana pasada del abogado Pedro Pierluisi como gobernador había sido inconstitucional.
Pierluisi “no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta Opinión y Sentencia sea efectiva” el miércoles a las 17:00 locales (21:00 GMT), expresó el dictamen de la corte.
Vázquez, que era la próxima en la línea de sucesión, había hecho público su desinterés en convertirse en gobernadora, pero confirmó poco después de conocerse el fallo judicial que acataría lo dispuesto por la ley.
Por su parte, Pierluisi abandonó la casa de gobierno en la capital, San Juan, llamando a la unión de los puertorriqueños y a “dejar atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas”.
Pierluisi había asumido como gobernador el viernes pasado luego de ser nombrado a última hora por parte de Ricardo Rosselló, quien ese mismo día dejaba el puesto medio de escándalos de corrupción y una polémica generada al divulgarse fragmentos de chat comprometedores.
Pero el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado no había sido aprobado por el Senado, que en ese momento estaba en receso.
Rosselló se saltó esta prerrogativa amparándose en una enmienda de 2005 de una ley de 1952, por lo que Pierluisi asumió el cargo.
“Cuando asumí el cargo de Gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento, pues las leyes se presumen constitucionales y, por ende, válidas”, aclaró Pierluisi.
Los tres pertenecen al Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.
“EL SENADO HIZO LO CORRECTO”
Al sesionar esta semana, el Senado dejó la decisión sobre la cuestionada gobernación de Pierluisi en manos del Tribunal Supremo.La congresista en Washington por Puerto Rico, Jennifer González, comentó en un comunicado que “el Senado hizo lo correcto al poner a un lado el debate político y partidario para que el Tribunal Supremo tomara la decisión siguiendo la Constitución”.
Rosselló enfrentó multitudinarias manifestaciones debido a la filtración el 13 de julio de un chat de la aplicación Telegram en el que él y otros hombres de su entorno compartían mensajes considerados homófobos, misóginos y también ofensivos hacia las víctimas de los huracanes de 2017.
Unos días antes, seis funcionarios de gobierno habían sido acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de la isla por los efectos de los huracanes Irma y María.
Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal y se había declarado en bancarrota en mayo de 2017, con una deuda de 70.000 millones de dólares.
De 3,2 millones de habitantes, Puerto Rico es un territorio estadounidense en el Caribe, con estatuto de Estado asociado y tiene un delegado con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes.
