La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, expuso sobre la situación que afecta a la Universidad del Pacífico que está siendo investigada por una comisión especial en la Cámara de Diputados.
En la instancia legislativa, Manaud señaló que, en la actualidad, el CDE no cuenta con antecedentes concretos que permitan ejercer acciones en materia civil ni en materia penal en este caso, tras una investigación inicial del Ministerio de Educación.
Sin embargo, advirtió que si se logra establecer que los recursos entregados por el Estado como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y las becas no fueron destinados a fines educativos, podrían ejercerse las acciones referidas, tanto por eventual apropiación indebida como de recuperación de los recursos distraídos.
En noviembre de 2018, el Ministerio de Educación inició una investigación contra el plantel tras recibir denuncias de parte de sus funcionarios y estudiantes por el no pago de remuneraciones.
La indagatoria terminó el 30 de enero de este año con el decreto de cierre de la universidad, el cual fue ratificado el 26 de febrero por el Consejo Nacional de Educación.
En este contexto, la ministra Marcela Cubillos remitió al CDE la información recabada y le solicitó establecer la posible existencia de delitos cometidos tanto por la Universidad, como por sus representantes.
En la instancia legislativa, Manaud señaló que, en la actualidad, el CDE no cuenta con antecedentes concretos que permitan ejercer acciones en materia civil ni en materia penal en este caso, tras una investigación inicial del Ministerio de Educación.
Sin embargo, advirtió que si se logra establecer que los recursos entregados por el Estado como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y las becas no fueron destinados a fines educativos, podrían ejercerse las acciones referidas, tanto por eventual apropiación indebida como de recuperación de los recursos distraídos.
En noviembre de 2018, el Ministerio de Educación inició una investigación contra el plantel tras recibir denuncias de parte de sus funcionarios y estudiantes por el no pago de remuneraciones.
La indagatoria terminó el 30 de enero de este año con el decreto de cierre de la universidad, el cual fue ratificado el 26 de febrero por el Consejo Nacional de Educación.
En este contexto, la ministra Marcela Cubillos remitió al CDE la información recabada y le solicitó establecer la posible existencia de delitos cometidos tanto por la Universidad, como por sus representantes.