Es por eso que el Gobierno anunció que le realizará modificaciones al proyecto original, para ser nuevamente presentado en el Congreso.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó que el objetivo será reemplazar el procedimiento, que consistía en expulsar inmediatamente al alumno sorprendido en actos de violencia y entregar un plazo de 5 días para considerar la situación.
La modificación consistirá en iniciar una notificación de un “proceso de expulsión”, otorgando dos días al acusado para que presente sus descargos. Durante este periodo, el estudiante tendrá la prohibición de ingresar al establecimiento educacional.
Al conocer estas modificaciones que implantará el Ejecutivo, los integrantes de la comisión, que en su mayoría son opositores, declararon que estos cambios no serían satisfactorios.
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