La comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, aprobó la tarde de este jueves por 4 votos a favor y uno en contra el libelo que busca la suspensión de sus funciones.

Esta votación, en todo caso, no es vinculante para la del martes próximo en la Sala de la Cámara, donde se requieren 78 votos para que el proceso siga su curso en el Senado, donde de aprobarse, el jefe de gabinete quedaría suspendido.

El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales, y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado respecto del accionar de Carabineros de Chile. Este último punto se incluyó por el caso del menor que fue lanzado por un carabinero desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho en una manifestación, el 2 de octubre pasado.

Los votos a favor de la acusación fueron de Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (Liberal), Fernando Meza (independiente) y de la presidenta de la instancia, Loreto Carvajal (PPD), mientras que Joaquín Lavín (UDI) fue quien rechazó.

DEFENSA

Antes de la votación, la comisión volvió a escuchar al abogado defensor del ministro Pérez, Mario Rojas, quien hizo especial mención a que los operativos de Carabineros para el control de orden público dependen de los jefes de la Defensa Nacional en estados de anormalidad o estados de excepción.

“El libelo acusatorio lo que imputa al ministro por lo de Pío Nono es haber infringido la Constitución y leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia (…) Lo que hay que determinar para saber si el ministro ejerce o no sobre funcionarios de Carabineros un control de carácter jerárquico es si tiene o no el ministro el marco sobre los funcionarios”, señaló el abogado.

Luego, expuso que la ley orgánica de Carabineros señala que en períodos “de anormalidad o estados de excepción, ese marco se radica en los jefes de la Defensa Nacional”, en referencia a los operativos diarios de control de orden público.

Finalmente, puntualizó que “la responsabilidad institucional de la actuación de Carabineros es del ministro del Interior, quien cree que durante su gestión ha mejorado el control de orden público y la situación de derechos humanos, ya que en 10 meses, hubo 2.500 querellas del INDH y en la gestión del ministro Pérez ha habido 21”.

A lo largo de la investigación, la comisión escuchó al propio ministro acusado; al titular de Defensa, Mario Desbordes; al general director de Carabineros, Mario Rozas; al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, y a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otros.

La acusación se presentó el 8 de octubre y fue firmada por 13 diputados de la DC, el PS, el PPD, el PC, RD, el PH, CS, Comunes y el FRVS.