Entre sus diversas votaciones de la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó una moción que busca derogar la clásula de secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Creada durante el gobierno de Ricardo Lagos, la instancia más conocida como Comisión Valech -que toma el nombre de su líder, monseñor Sergio Valech- recopiló en dos informes la identidad de las personas que sufrieron torturas y prisión política durante la dictadura. Según el segundo documento, hubo un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas.

Al respecto, durante el pasado viernes, la comisión de DDHH de la Convención validó la propuesta de dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada por las víctimas reconocidas por la Comisión Valech.

Y los integrantes de esta última no tardaron en poner sus reparos a la situación. En un comunicado, firmado por el expresidente Ricardo Lagos -entre otros-, el organismo advirtió que validar la moción en el Pleno “afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias”.

En la misiva indicaron: “Hacemos fe, de los antecedentes proporcionados por las víctimas y de la veracidad sobre la crueldad a la que se les sometió” y que “todo aquello, lo que pudimos constatar por testimonios personales y otras fuentes probatorias tenidas a la vista conforme el propio informe”.

“El mismo, se refirió a los dato recogidos, sin individualización de los y las declarantes, siendo la ley 19.992 (Ley Valech), la que impuso el secreto por 50 años. Esto, es hoy coherente con las leyes 19.628 y 20.120, que obligan al consentimiento informado del titular de datos personales, para permitir el acceso de terceros”, advirtió la carta.

Los firmantes remarcaron que “un número importante de las victimas presentaron sus testimonios, sabiendo que so casos no serían develados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”.

Sobre la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, señalaron que “sin pronunciarnos sobre la competencia que tendría o no la Convención Constitucional para hacer una cosa así, creernos que ella afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias. “Las atrocidades y vejámenes sufridos traspasaron todo respeto y racionalidad contra las víctimas, todas quienes merecen aun y por siempre la protección del propio Estado que en su tiempo les atacó”.

“Las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años de los tormentos sufridos por sus familiares directos. Además, el secreto de los antecedentes, no rige para la víctima o en su caso respecto de sus familiares, en caso que esta hubiere muerto”, agregaron.

De esta forma, remarcaron que “estas personas o sus familiares sobrevivientes, si quieren, pueden darlas a conocer con su expresa autorización, para lo cual solo lo tienen que solicitarlas al INDH, actual depositario de todos los antecedentes conforme procedimiento previamente reglado”.

Finalmente, hicieron “un llamado a la mantención del secreto de la información particular de cada víctima. De igual modo, garantizar la privacidad de los archivos mientras no exista autorización de publicidad por parte de la víctima, en su caso personal o sus familiares sobrevinientes. Aquellos fueron los elementos de legalidad, espíritu y de fe pública involucrados como condición bajo la cual, las victimas presentaron”.