El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hizo llegar la noche de este martes sus descargos ante la Acusación Constitucional en su contra que fue presentada por Chile Vamos y el PDG en la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado invocó la cuestión previa y sostuvo que esta acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala para ser acogida, y en varios puntos contesta que las infracciones están fuera del ámbito de su competencia, consignó La Tercera, información recogida por Cooperativa.

La defensa, en su argumento, sostiene que el mecanismo de la Acusación Constitucional tiene carácter de excepcional y de ultima ratio, es decir, que existen otras herramientas para fiscalizar su actuar como ministro, como la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras o también la interpelación. 

Francisco Cox, abogado de Ávila, afirmó que “ninguna de esas acciones han sido interpuestas en su contra. Ni tampoco ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de violación a la Constitución que lo ameriten”. 

Sostuvo también que la acusación le imputa al titular de Educación hechos que están fuera del ámbito de su competencia, como el ejercicio de organismos descentralizados, como Junaeb. “En el caso del Mineduc se establece expresamente con la ley, que el órgano que ejerce la supervigilancia y la coordinación con organismos públicos con efectos en educación es la Subsecretaría de Educación“, explicó Cox, recogió Cooperativa. 

En relación a las presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual, se apunta a que este se establece al momento que eligen el establecimiento donde los padres quieren matricular a sus hijos, así como en la educación informal que les dan en sus hogares, y que las jornadas de educación no sexista o las guías con orientaciones para la comunidad LGBTQA+ “son voluntarias”. 

Asimismo, sobre la acusación de exclusión de estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”, el ministro respondió que hay actividades, acciones y leyes que apuntan a incorporar los temas de discapacidad en la agenda del Ministerio. 

Sobre ausentismo y deserción escolar, se argumenta que la cartera ha destinado un 4,8% de presupuesto a reactivación educativa tras la pandemia, recordando que se convocó a un consejo de expertos y creó un programa nacional de tutorías. 

La comisión ad hoc analizará la defensa y tiene hasta el martes para pronunciarse sobre el mérito.

La acusación, que fue presentada el pasado 19 de junio por parlamentarios de Chile Vamos y el PDG y que incluye siete capítulos de faltas que habría incurrido Ávila en el ejercicio de su cargo, será votada el próximo miércoles 12 de julio.