El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo este viernes que el Gobierno se querellará por Ley de Control de Armas contra el poseedor de la subametralladora UZI y que es parte de los ocho detenidos este jueves por amenaza contra la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
Galli sostuvo que la PDI “detuvo a ocho personas por imputarles la responsabilidad por las amenazas en contra de la fiscal Chong, en ese procedimiento una de ellas era poseedora de una UZI, de un arma de fuego prohibida en nuestro país”, consignó Emol.
“Es por ello que como Gobierno hemos decidido iniciar acciones legales, presentar una querella criminal por la Ley de Control de Armas en contra del poseedor de esta arma de fuego con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, con penas que van de tres años y un día a diez años de prisión para aquellas personas que sean responsables de tener y utilizar armas de fuego prohibidas en nuestro país como fueron detectadas en la detención del día de ayer”, indicó.
POLÉMICA POR DECLARACIONES
Con duras críticas reaccionó la oposición, luego de que el subsecretario Galli, calificara de “utensilios” a los elementos y armas incautadas a los eventuales responsables por las amenazas de muerte que recibió la fiscal Ximena Chong.
La PDI inició una investigación y, tras allanar distintos domicilios, logró la detención de ocho sospechosos, donde, además, se encontró distintos artefactos como una subametralladora calibre 9 mm, con un cargador con 17 cartuchos de 9 mm, chalecos tácticos y cascos, entre otras cosas.
Galli detalló a Radio Cooperativa que “los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta ametralladora UZI que es un arma prohibida”, descartando, incluso, que se trate de una organización mayor de ultraderecha.
Las declaraciones fueron criticadas por distintos usuarios en redes sociales, incluyendo parlamentarios. De hecho, el diputado Miguel Crispi (RD) apuntó en su cuenta de Twitter que “amenazar de muerte a una fiscal es un hecho gravísimo y ninguna autoridad debería minimizarlo, mucho menos el subsecretario del Interior. Lamentablemente, no es novedad el doble estándar del Gobierno en materia de seguridad. Si fueran mapuche o estudiantes, ya habría querella”.
La presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, en tanto, advirtió que “me parece surrealista que el subsecretario del Interior le haya bajado el perfil a esta situación, estamos hablando de una UZI en manos de un grupo extremista que amedrentó a una fiscal. Esto solo nos reafirma que la derecha necesita a la ultraderecha para polarizar el país y entorpecer la democracia cuando pierden”.
Mientras que el senador Carlos Montes (PS) sostuvo que Galli “tiene que reconocer que cometió un error. Hablar de utensilios es poco significativo porque son armas hechizas y porque además solo hay una UZI. La verdad es que es algo inaceptable en un subsecretario del Interior, eso es una señal grave de que hay grupos de derecha”.
“En el programa se le pregunta si es una nueva Patria y Libertad o no, y no lo contesta. Si este grupo está vinculado a otro o es solo este, y no lo contesta y dice que está por verse. Que haya aparecido un grupo armado de estas características es algo que tiene que ser investigado a fondo y tomarlo enserio. No son utensilios, son grupos organizados para tener efectos políticos e influir en procesos democráticos. Eso es muy preocupante”, añadió.
Al ser consultado por la críticas, Galli explicó que “esas amenazas son graves, condenables y afectan seriamente el Estado de Derecho. Por eso mismo, quise distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y aquellos otros elementos que se detectaron como eran cascos que simulaban a cascos balísticos o armas a fogueo que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada y por la cual nos estamos querellando”, consignó Emol.
