Los diputados Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI) cuestionaron que representantes de la Convención Constitucional reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pese a recibir una remuneración que alcanza los $2.500.000.
Según la nómina que entregaron los parlamentarios de Chile Vamos, la acusación está dirigida contra once convencionales, de los cuales seis son integrantes de Pueblo Constituyente: Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas Vade, Giovanna Grandón -más conocida como la “Tía Pikachu”-, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez y Camila Zárate.
Los legisladores también apuntaron a Damaris Abarga, Vanessa Hoppe, Tatiana Urrutia, Valentina Miranda y Mariela Serey de Apruebo Dignidad y contra la independiente Constanza San Juan, de la Asamblea Constituyente de Atacama.
Según Labbé, la situación “no tiene probablemente un resquicio legal”, aunque advirtió que “cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado”.
“El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio”, acusó el parlamentario, apuntando a que “la gente eligió a los convencionales constituyentes en pos de poder buscar la esperanza de construir una nueva Constitución, que sea de los chilenos para los chilenos. Hoy día encontramos que algunas manzanas podridas están pudriendo el canasto completo”, añadió.
“Discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. (…) La Convención se está transformando en puras malas noticias”, agregó.
Mientras, la diputada Luck criticó que “el IFE iba en ayuda de las personas que lo han pasado mal en la pandemia. (…) Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido”.
Por su parte, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, reaccionó a la situación y aseguró: “Me parece que es un insulto a la ciudadanía el que, adicionalmente, estén recibiendo el IFE. No corresponde, no hemos perdido el trabajo y ellos tienen una remuneración por al menos 9 meses más los 3 meses de renovación”.
“Si a mí me llegara un bono del Estado, yo soy la primera persona que tendría que devolverlo. Es cosa que nosotros pongamos a disposición de la Tesorería esos mismos dineros o no los ejerzamos. (…) Uno también puede salir del Registro Social de Hogares”, sentenció.
