Por un buen tiempo más la ex secretaria de Manuel Contreras, Adriana Rivas, permanecerá recluida en la en la cárcel de Silverwater, a la espera del inicio del proceso de extradición que iniciará Chile traerla de regreso y enjuiciarla por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Ello, luego que el tribunal que analiza su caso resolviera negarle la libertad condicional, decisión que fue valorada por la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, quien sostuvo que el dictamen “es exactamente lo que se esperaba y está dentro de lo que puede utilizar Adriana Rivas dentro de la ley de extradición. No es nada inesperado”.
“Sentimos que lo que ha presentado la Corte Suprema y el Estado chileno a Australia es suficiente como para cumplir con esas exigencias y si es así, se le tendría que extraditar”, señaló la jurista que representa a siete personas que fueron secuestradas y desaparecidas entre 1974 y 1977, dando cuenta que “es altamente complejo, pero también es muy difícil obtener una fianza en circunstancias como las que ella tiene”.
La “Chani”, quien compareció por videoconferencia ante el juez y lloró con el veredicto, lleva 10 días en prisión luego de su arresto y por la participación que se le imputa como otrora agente de la DINA en los crímenes de derechos humanos señalados, los que ella reiteradamente ha negado.
El próximo 22 de marzo, el abogado de la requerida deberá presentar los antecedentes en donde solicitará formalmente libertad bajo fianza y, posteriormente, el 29 de marzo deberán comparecer los abogados de la Cancillería chilena.
Ello, luego que el tribunal que analiza su caso resolviera negarle la libertad condicional, decisión que fue valorada por la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, quien sostuvo que el dictamen “es exactamente lo que se esperaba y está dentro de lo que puede utilizar Adriana Rivas dentro de la ley de extradición. No es nada inesperado”.
“Sentimos que lo que ha presentado la Corte Suprema y el Estado chileno a Australia es suficiente como para cumplir con esas exigencias y si es así, se le tendría que extraditar”, señaló la jurista que representa a siete personas que fueron secuestradas y desaparecidas entre 1974 y 1977, dando cuenta que “es altamente complejo, pero también es muy difícil obtener una fianza en circunstancias como las que ella tiene”.
La “Chani”, quien compareció por videoconferencia ante el juez y lloró con el veredicto, lleva 10 días en prisión luego de su arresto y por la participación que se le imputa como otrora agente de la DINA en los crímenes de derechos humanos señalados, los que ella reiteradamente ha negado.
El próximo 22 de marzo, el abogado de la requerida deberá presentar los antecedentes en donde solicitará formalmente libertad bajo fianza y, posteriormente, el 29 de marzo deberán comparecer los abogados de la Cancillería chilena.
