Para este jueves está programado el interrogatorio que la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, le realizará al ahora excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez.

Martínez comparecerá en calidad de inculpado por su presunta vinculación en el denominado caso “Milicogate”, investigación relacionada a fraude al interior de la institución castrense.

El militar renunció este miércoles al cargo de máxima autoridad del Ejercito, durante su última Cuenta Pública en la Escuela Militar y a seis días de que asuma su sucesor, el general Javier Iturriaga. Hasta esa jornada, el puesto lo asumirá el general de División, Rodrigo Ventura Sancho.

“Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de Comandante en Jefe del Ejército, asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer”, indicó el ahora exfuncionario.

Según trascendió, corría el riesgo de quedar detenido tras el interrogatorio, lo que lo hubiese convertido en el primer comandante en jefe en ser procesado en el ejercicio del cargo.

Martínez había solicitado cambiar la fecha del interrogatorio, lo cual fue denegado por la jueza Rutherford. Asimismo, la magistrada también decidió que la diligencia se realizara en su oficina y rechazó la petición de trasladarla a la casa del general, ubicada en Lo Curro, en Vitacura.

El uniformado podría ser procesado por su implicación en dos aristas: una, por su participación en “gastos reservados”, en la que ya fueron procesados los excomandantes en jefe Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes le antecedieron en el cargo.

Por otro lado, Martínez sería requerido por la arista denominada “Pasajes Aéreos” o “Agencias de Turismo”. En esta causa ya ha sido procesado el general en retiro Germán Schell por su responsabilidad en seis delitos de fraude al Fisco perpetrados entre noviembre de 2014 y noviembre de 2016. El uniformado causó un perjuicio fiscal de $53.852.233 por pasajes aéreos adquiridos para distintas ciudades de Europa.

Versiones indican que Martínez podría correr la misma suerte que Izurieta Ferrer, quien quedó detenido en el Batallón Policía Militar de Peñalolén la vez que debió comparecer en la ministra.